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Tras la "puerta anti-okupas"

El ayuntamiento avisa a los propietarios de pisos ocupados de que no pueden recurrir a "prácticas ilegales" de desalojo como la del jueves en el Raval -- La empresa de seguridad contratada llegó a instalar una doble puerta

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

La llaman "puerta anti-okupas" y es el producto estrella de los servicios de seguridad que ofrece una empresa privada especializada en desalojos que el jueves intentó 'vaciar' un piso ocupado por inmigrantes filipinos en el Raval. "La solución definitiva para la intrusión en su vivienda deshabitada", reza en su web. El desalojo fue impedido por los vecinos de la zona, que alertaron a la policía al ver a cinco hombretones de negro presionando a los filipinos para que se fueran, como avanzó ayer EL PERIÓDICO. Pero el consejero técnico del distrito, Jordi Rabassa, ha alertado desde su cuenta en facebook de la gravedad de este tipo de acción sin orden judicial, "totalmente improcedente desde el punto de vista legal", haciendo un llamamiento a propietarios afectados por okupaciones para que desistan de esta estrategia.

La puerta añadida, estilo mazmorra del siglo XXI, ha quedado instalada (sin cerrar) como recuerdo del intento y, con toda seguridad, para blindar una posible reokupación en cuanto el desalojo legal por vía judicial se produzca. Una situación brutalmente cotidiana en la zona, ya que según Rabassa entre enero y mayo el distrito ha trabajado en 149 casos de desahucios (por vía legal), de los que 70 afectan al Raval, con un total de 434 vecinos a un paso de la calle, un 26% de ellos menores. Desde el Servicio de Intervención ante Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupación, afirma que se han aplazado 99 casos y se ha encontrado solución temporal a 4 y definitiva a 46.

Así que la historia de Rodman y de Olimpia, dos de los al menos cinco ocupantes del 2º1ª de la calle de la Cera número 15, es la de tantos otros desdichados vecinos de Barcelona, de economía frágil y golpeados por la crisis. Cuenta ella, madre de dos niños, que años atrás se instalaron en el edificio con un contrato en regla. Creen recordar que pagaban algo más de 500 euros. Hasta que dejaron de hacerlo y fueron desahuciados, como muchos vecinos con pocos recursos en Ciutat Vella. 

VOLVIERON AL PISO

Sabiendo que el piso estaba vacío, hace más de un año decidieron ocuparlo ilegalmente. "No teníamos donde dormir y aquí no había nadie", justifican estos inquilinos, que han generado algunas quejas en el vecindario por ruidosos y "problemáticos", explican otros residentes y Rabassa. Pero hace unos meses, comenzaron las visitas intempestivas de alguien que les instaba a irse. Lo definen como un acoso continuado, que culminó el pasado jueves por la tarde cuando se presentaron los cinco 'seguratas' que los vecinos y activistas de la zona identifican como la empresa STM Seguridad, aunque los Mossos mantienen que es la firma Desokupa, cuya actividad califican de legal.

Una y otra están vinculadas, aunque en Desokupa se ofrecen procedimientos de desalojo "amistosos" y respaldo "legal" para intermediar para que alguien se marche, mientras que en la de STM aluden a la prevención. No hay que olvidar que desde la crisis la ocupación de pisos vacíos ya no es materia exclusiva de los okupas, sino que muchos colectivos vulnerables en Ciutat Vella y barrios periféricos de la ciudad se han hecho con un domicilio dando una patada a la puerta, muchas veces en pisos antes desahuciados. En este escenario, el servicio de las puertas "anti-okupas" se vende como alternativa a "los tapiados y las antiestéticas chapas metálicas" -se anuncian- y sin duda tiene mercado. 

Entre los nuevos casos de usurpación de viviendas se dan muy distintas coyunturas, que han propiciado la aparición de iniciativas como Desokupa, que en abril pasado saltó a la luz al enviar a ocho especialistas a desalojar una finca okupa de Gràcia, acompañados por paletas que procedieron a desmantelar el espacio, entre otras intervenciones. En La Cera, además de la puerta colocaron una alarma que finalmente retiraron.

INVITADOS A IRSE

Rodman no tiene muy claro qué ha sucedido exactamente con el inmueble donde viven. Un banco se hizo con él pero creen que después lo vendió (ya ocupado) a un inversor, que sería quien ha encargado el desalojo exprés. Los hombres no amenazaron a nadie, cuenta, aunque sí accedieron al piso y les dijeron que tenían que irse antes de las diez de la noche. Después retiraron enseres del domicilio y les invitaron a marcharse en ese momento, pese a que tienen fecha de juicio en noviembre, afirman a este diario. Fue entonces cuando llegaron los Mossos y la Guardia Urbana, avisados por vecinos y activistas que se habían concentrado ante el portal de la calle al ver que un hombretón les cerraba el paso a todos los vecinos.

Los Mossos mediaron y se acordó que los afectados sigan en el piso hasta que lo dicte el juez, mientras el grupo de Desokupa se iba sin más, tras ser identificados. Pero el ayuntamiento -vía Rabassa- insiste en que "no se pueden permitir estas prácticas al margen de la legalidad. Es necesaria la intervención del juez" para desalojar. Dando un "toque de alerta" a otros propietarios que "usen métodos impropios", rechaza las "supuestas coacciones y evidente presión" para "sacar a la gente del lugar donde vive". E invita a otros vecinos a denunciar este tipo de situaciones. Antes de que proliferen las puertas dobles.