24 oct 2020

Ir a contenido

Crece la presión en el zoco mantero de la Barceloneta

El ayuntamiento busca contentar a manteros y comerciantes, pero la disparidad encalla la salida del conflicto

Algunos vecinos del barrio marinero denuncian amenazas de los vendedores callejeros y otros los apoyan

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

Se resuelva como se resuelva, el conflicto sobre la gestión del top manta en Barcelona dejará cicatrices en el gobierno municipal de Ada Colau. La complejidad de su abordaje, de intereses confrontados, de aspectos implicados (venta no autorizada, productos falsificados, competencia desleal, inmigración sin papeles, derechos sociales, colectivos vulnerables..) y de ópticas ideológicas encallan una eventual solución consensuada. Lo que para unos es buenismo para otros es abordaje social, lo que para unos son derechos y obligaciones para otros suena xenófobo, lo que para unos es subsistencia para otros es una invasión del espacio público.

Lo único evidente es que el fenómeno de la venta ilegal vive una proliferación sin parangón en Barcelona, que ha derivado en un mercado con más de 800 vendedores cada vez más compliacado de redirigir y que se ha convertido en una crisis municipal en toda regla. 

EL TITUBEO DEL EQUIPO DE COLAU

La filosofía del equipo de la alcaldesa fue desde el minuto uno afrontar la cuestión del top manta como un problema social, al que había destinar recursos para reconducir la actividad e integrar a los inmigrantes que venden en la calle sin licencia, sin criminalizar al colectivo. Se dio orden a la Guardia Urbana de no perseguir la actividad, rompiendo la dinámica de anteriores mandatos. Pero ahora el consistorio presume de haber realizado un 23% más de intervenciones en los primeros cuatro meses del año, con más de 16.000 denuncias (con mucho más ímpetu en materia de latas y productos perecederos que venden paquistanís e indios). Ante la dimensión que ha tomado el asunto, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha presentado su plan de acción de este verano tratando de ahondar en la reinserción laboral (con 40 puestos de trabajo ofertados) y educando al turista para que no compre (o multándolo), pero a la vez se ha visto obligado a hablar de "intensificar la presencia policial" y a prever algún tipo de operativo, aunque sea 'light', para evitar que el zoco del Port Vell se enquiste y el comercio siga en pie de guerra.

LAS DISCREPANCIAS POLÍTICAS

El jueves ya quedó claro que la oposición en pleno lapidó el plan, por exceso o defecto. Desde la CUP a ERC, pasando por Ciutadans y PP. Pero en el propio seno del gobierno, donde recientemente ha entrado el PSC, se constatan distintas apreciaciones. Frente a la pirueta de Pisarello, el nuevo segundo teniente de alcalde y concejal de Empresa, el socialista Jaume Collboni, señaló horas después en la gala anual de los comerciantes del paseo de Gràcia que el top manta es en estos momentos "uno de los principales problemas de Barcelona". "Es grave", añadió, pero prometió que el consistorio "estará al lado del que hace las cosas bien, cumple normas y paga impuestos". No titubeó al decir que se está dando un "incumplimiento flagrante de leyes y orden público", donde se implican competencia desleal, tráfico de personas y redes mafiosas. Mientras que Colau ha negado que funcionen como tales, Collboni dejó claro que la policía actuará para que la situación no se enquiste.

LA MOVILIZACIÓN DEL COMERCIO

El sindicato que agrupa a los manteros opina que la queja del comercio es parcial y que se han exagerado los perjuicios al comercio y a la restauración. Creen que quien hay detrás son solo las grandes empresas. Pero el manifiesto presentado el pasado miércoles por un centenar de entidades está suscrito también, entre otros, por la Fundació Barcelona Comerç, que aglutina al pequeño comercio de barrio y siempre ha sido combativa con la venta ilegal. La situación aún se enreda más al haberse integrado en el zoco de Joan de Borbó vendedores paquistanís que tienen tiendas pero buscan más negocio y artesanos que suelen ir a ferias. La semana que viene el comercio se reunirá para pactar movilizaciones.

LA DIVISIÓN VECINAL Y SOCIAL

El manifiesto  de comerciantes de toda la ciudad y de vecinos de la Barceloneta dejaba claro que además del habitual conflicto económico que pueda implicar el top manta, ha entrado en juego la espinosa utilización del espacio público. Pisarello dijo que no se permitiría un uso abusivo, ¿Pero cuál es el límite?. Los manteros afirman que otros residentes del barrio marinero (donde fue activista la ahora concejala Gala Pin) no comparten las quejas de la Associació de Veïns de la Barceloneta, que creen que la situación se ha descontrolado y afecta de pleno al derecho al paseo y uso del espacio público de los vecinos. Desde la FAVB, la opinión es favorable al ayuntamiento, ya que creen que "los vendedores inmigrantes también son vecinos y hay que vigilar su situación. Mantienen que la afectación sobre la economía se ha magnificado y que la acción policial "solo desplazará" el problema, apunta su vicepresidente, Joan Maria Soler. Como el propio Pisarello, atribuye la eclosión mantera al auge turístico. El resto de entidades y grupos políticos culpan, en cambio, a la mala gestión municipal.

LA INDEFINICIÓN POLICIAL

El ayuntamiento defiende que el 90% de actuaciones policiales han sido de la Guardia Urbana y corresponsabiliza al resto de cuerpos, Mossos d'Esquadra, Policía Portuaria (en esa zona) y Policía Nacional (en materia de extranjería) de cara a afrontar el problema. Pero la orden de tolerancia y de evitar la conflictividad parte del ayuntamiento, que ahora trata de hacer valer esa autoridad con acciones disuasorias como saturar con agentes las zonas calientes, para que no se instalen. Mossos y Urbana ejercen esa tarea en el Pla de Palau, pero tienen orden de no actuar en el paseo contiguo. Fuentes del sindicato CCOO de la Guardia Urbana lamentan sentirse desautorizados y coartados, "con miedo a intervenir y perder el trabajo" si se produce alguna incidencia. También creen que el colectivo de vendedores africanos no les respeta, al contrario que otros vendedores de latas o de la playa, por lo que las intervenciones son complicadas. Por lo pronto, hay orden de volver a patrullar el metro (las unidades de soporte policial), algo que se hacía con Trias y que Colau desterró.

TENSA CONVIVENCIA Y ENFRENTAMIENTOS

Dos vecinos de la Barceloneta explicaban este viernes a los Mossos que habían sido víctimas de amenazas por parte de vendedores. Una es una comerciante de la zona que trató de evitar que unos turistas compraran unas falsificaciones. El mantero, denuncia, acudió más tarde a decir que le cortaría el cuello. En otro caso, un vendedor del zoco trató de arrebatar la cámara a un vecino que retrataba la zona. Los vecinos hablan de más rifirrafes, no denunciados ante la policía. Afirman que la situación es muy tensa y creen que podría llegar a estallar.