El juez mantiene como leve el presunto delito cometido por Garganté

El juez de Barcelona Juan Emilio Vilá ha rechazado el recurso del fiscal y ha mantenido que la acción cometida por el concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Josep Garganté, al exigir el 23 de marzo a un médico que cambiara el informe sobre un mantero lesionado, solo puede ser considerada como un delito leve (antiguas faltas). La acusación pública había solicitado al magistrado que agravara la calificación de la presunta coacción y la elevara a lo que técnicamente se denomina "delito menos grave".

El magistrado argumenta en su auto que no se puede considerar que el concejal cometiera un delito de falsedad documental, como entiende la acusación pública, ya que no se llegó a modificar el informe médico, y, por lo tanto, el proceso debe limitarse a una presunta coacción leve. La resolución sostiene que "el sujeto pasivo de la supuesta coacción, el facultativo que atendió al lesionado, no ha objetado el auto reputando delito leve" y tampoco "se ha adherido al ministerio fiscal, lo que permite deducir su aquiescencia con la resolución dictada".

El juez también afirma que "en el proceso penal no deben introducirse cuestiones sociopolíticas, que por se ajenas al mismo, puedan comportar su patología". El magistrado no ha señalado día para la celebración del juicio, pues la fiscalía puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona. Asimismo, ha rechazado la personación de un sindicacto policial como acusación popular.

FALSEAR UN INFORME OFICIAL

La fiscalía estimaba en su recurso, ahora rechazado, que la actuación de Garganté era más grave de lo que consideraba el juez, porque, además de las presuntas coacciones, al concejal se le podría acusar de un delito de falsedad en documento oficial, pues instó a un médico a faltar a la verdad en un informe.

El fiscal sostenía que Garganté iba acompañado de otras 10 personas que “de forma conjunta y coordinada accedieron” al CAP de Peracamps, aunque fuera el concejal “quien adquiriera mayor protagonismo” al dirigirse al facultativo, que en ese momento era funcionario público, para que cambiara la causa de las lesiones del mantero. El edil pretendía que el médico modificara el informe y dijera que el mantero había sido empujado por un agente, a lo que el facultativo se negó porque el herido le había dicho que se había caído.

APOYO A LOS PRORESIONALES

El 'conseller' de Salut, Toni Comín, por otra parte, ha expresado su "apoyo" a todos los profesionales públicos para que puedan ejercer "con todas las condiciones que merecen desde el punto de vista clínico, de seguridad y de ética profesional", pero ha evitado condenar directamente el caso del concejal de la CUP.