Barcelona devuelve a la red pública tres guarderías privatizadas por CiU

Casi medio centenar de trabajadores y más de 300 familias siguen con inquietud el proceso iniciado por el Ayuntamiento de Barcelona para que la gestión de los parvularios Caspolino y L'Enxaneta (en Gràcia) y Els Patufets de Navas (en Sant Andreu) revierta en el consistorio, que hace unos años, con el convergente Xavier Trias, externalizó la dirección de estas tres escuelas infantiles. La remunicipalización, que está previsto que se complete antes del próximo septiembre, ha movilizado a los padres de los alumnos, que reclaman que "el cambio de modelo de gestión indirecta a gestión directa permita conservar los elementos de identidad del colegio, manteniendo la plantilla docente, el actual proyecto educativo y la flexibilidad horaria", entre otras particularidades.

Estos tres centros son los únicos de titularidad municipal que aún son gestionados por empresas externas al ayuntamiento. El pasado septiembre, ya bajo el gobierno de Ada Colau, se inauguraron dos nuevos jardines de infancia (el del Guinardó y el de Escorial), que inicialmente tenían que haber sido también de gestión delegada, pero que finalmente abrieron como municipales. "La intención es que ahora las tres guarderías afectadas también pasen a depender, en su totalidad, del Institut Municipal d'Educació de Barcelona, el IMEB", explica Casimiro Sánchez, responsable de la región metropolitana de FETE-UGT en Catalunya. 

SUBROGACIÓN DEL PERSONAL

«Pedimos la subrogación de todo el personal de estos tres centros, en las mismas condiciones que los trabajadores propios del ayuntamiento», señala Sánchez, que recuerda que en el sector de la educación infantil, «se han producido, muy recientemente, subrogaciones de plantilla en escuelas de localidades como Ullastrell y Sant Boi».

El comisionado de Educación del consistorio, Miquel Essomba, que justo este jueves ha mantenido un contacto informativo con las directoras de las tres escuelas, ha asegurado que «se trabaja con el principio de no lesionar los derechos ni de los trabajadores ni de las familias en la medida en que el marco normativo lo permita».