Trias alquiló un local okupado en Gràcia para evitar "disturbios" antes de las municipales

El contrato con la propiedad argumenta el pago de 5.000 euros mensuales para mantener "la paz social"

El gobierno de Colau no renovará el trato, lo que podría acelerar el desalojo del centro social

Un participante en los disturbios de Can Vies observa cómo arden los restos de un coche en la calle Sant Oleguer, el 31 de mayo del 2014.

Un participante en los disturbios de Can Vies observa cómo arden los restos de un coche en la calle Sant Oleguer, el 31 de mayo del 2014. / CARLOS MONTAÑÉS

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EL PERIÓDICO / BARCELONA

Can Vies fue el mayor dolor de cabeza de Xavier Trias durante sus cuatro años como alcalde de Barcelona. Cinco días de crudos altercados por las calles de Sants pusieron al gobierno municipal entre la espada y la pared, hasta el punto de detener, y nunca reemprender, el derribo del centro autogestionado sito junto a las vías del tren. La imagen de la excavadora en llamas es, seguramente, el símbolo de aquella semana de mayo del 2014. Pocos meses después, todavía con el susto en el cuerpo porque no fueron momentos política ni personalmente fáciles, el ayuntamiento de CiU decidía alquilar un local en Gràcia. Nada noticioso, si no fuera porque se trataba de un Can Vies en potencia: el Banc Expropiat, local okupado desde el 2011 que, a pocos meses de las elecciones de mayo del 2015, podía suponer un serio problema porque sobre él pendía una orden de desalojo.

FIRMADO HACE UN AÑO

El alquiler era un dato conocido. No así el contrato, que este martes ha hecho público la 'Directa' en su página web. El documento se firmó en enero del año pasado y era claro en sus objetivos: "Que ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionará disturbios y altercados que pueden poner en peligro la paz social del entorno en que se encuentran las fincas ocupadas, el Ayuntamiento de Barcelona ha solicitado a Antartic Vintage SL (empresa propietaria de la finca) la suspensión provisional del lanzamiento previsto en aras a intentar negociar con los ocupantes su desalojo pacífico y voluntario". La paz social a la que hace referencia le ha costado a la ciudad unos 70.000 euros (pago de mantenimiento, suministro e impuestos incluidos) , puesto que la renta es de 4.000 euros al mes. 

Aunque esta publicación asegura que Joaquim Forn, entonces primer teniente de alcalde, fue la persona que firmó ese contrato, fuentes próximas al concejal de CiU no confirman ni desmienten este extremo. "[Forn] firmaba sobre todo compra-ventas, aunque puede que también participara en esta operación. Eran muchos los documentos que pasaban por su mesa, no lo recuerda, tendríamos que consultar el contrato", señala un portavoz. 

NOTIFICACIÓN DE LA CONCEJALA

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El gobierno de Ada Colau no tiene previsto seguir pagando el montante del local, de unos 100 metros cuadrados y situado en Travessera de Gràcia. Si la propiedad no recibe el alquiler, la piqueta volverá a pender sobre el colectivo okupa, con todo lo que esto significa

El colectivo antisistema fue informado de que el consistorio estaba pagando la renta poco después de las elecciones. La entonces concejala de Gràcia, Maite Fandos, les informó personalmente de la situación en la que se encontraba el inmueble antes de cesar en el cargo tras la victoria electoral de Barcelona En Comú. Según los moradores de la finca, la edila les argumentó el pago asegurando que el proyecto valía la pena por todas las actividades que ellos desarrollaban en el barrio. 

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