La Síndica evaluará la implantación de la nueva ley de accesibilidad de Barcelona
Las quejas que ha recibido por este motivo se han doblado este 2015
La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha abierto una actuación de oficio para evaluar la implantación en la ciudad de la ley de accesibilidad aprobada en octubre del 2014, centrando primero la investigación en el transporte público para llevarla más adelante a otros ámbitos.
Según ha revelado este miércoles la Síndica en un comunicado, las quejas por accesibilidad que ha recibido se han doblado en 2015, pasando de 26 a 55, por lo que ha considerado "fundamental" analizar y hacer seguimiento de la adaptación de los diversos mecanismos, documentos y planes de Barcelona a la nueva normativa.
Vilà ha afirmado que la autonomía de las personas con diversidad funcional depende "en buena parte" del transporte público, por lo que ha solicitado información a Transportes Metropolitanos de Barcelona sobre la vigencia de su Plan Director de Accesibilidad Universal y sobre si están trabajando en uno nuevo.
La Síndica ha recordado que en su informe anual de 2014 ya apuntó que la red de autobuses barcelonesa está adaptada "en su totalidad", mientras que en el metro "todavía quedan algunas estaciones estratégicas" que no lo están, en las que asegura que se está trabajando para adaptar las instalaciones y los accesos.
Además, Vilà ha instado al ayuntamiento a "repensar su intervención en el espacio público" respecto a la ocupación excesiva de las aceras, un hecho que preocupa "particularmente" a la Síndica porque "dificulta la circulación de las personas con movilidad reducida".
En ese sentido, ha destacado que en su informe del año pasado ya pidió que se establecieran actuaciones coordinadas y protocolos de inspección que facilitaran la apertura de expedientes sancionadores.
EN EL SECTOR EDUCATIVO
En cuanto a la accesibilidad en el sector educativo, Vilà se ha remitido a un estudio del Consorcio de Educación de Barcelona que reveló que, de los 339 centros públicos de la ciudad, 254 eran accesibles, 49 lo eran parcialmente y 36 no lo eran.
Ante este hecho y la desigualdad de centros no accesibles por distritos (el estudio del consorcio mostró que mientras que en el Eixample todos los centros eran accesibles, en Horta-Guinardó había 11 centros que no lo eran) la Síndica ha subrayado que preguntará si estas cifras han sufrido alguna modificación en los últimos meses.
Vilà ha remarcado las recomendaciones que dio el año pasado respecto a la nueva ley de accesibilidad, entre las que había una intensificación del control de las licencias de servicios de uso público o el aumento de la reserva de viviendas para personas con discapacidad.
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