19 feb 2020

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LAS CONSECUENCIAS DE UN MANDATO EN MINORÍA

Derrotas y agonías de Barcelona en Comú

En seis meses el equipo de Colau ha encadenado revolcones en votaciones capitales

Cristina Buesa

Ada Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona.

Ada Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona. / FERRAN SENDRA

En los algo más de seis meses transcurridos desde que Ada Colau accedió a la alcaldía, su minoría (solo tiene 11 de los 41 concejales) le ha llevado a perder una serie de votaciones o a sufrir hasta el último momento para sacar adelante temas importantes como el gasto del superávit o las ordenanzas fiscales.

LOS SUELDOS DE LA CORPORACIÓN Y LAS EMPRESAS

A pesar de que Barcelona en Comú todavía debe decidir (y hacer público) a qué destina el excedente del sueldo que hoy cobran tanto la alcaldesa como el resto de cargos sujetos a su código ético, el asunto de la rebaja salarial y la designación de cargos de confianza fue la primera piedra en el zapato del gobierno de Ada Colau. CiU, Ciudadanos, PSC y PP acabaron imponiendo su voluntad de que no se bajaran las nóminas de los concejales: si BC quiere que los suyos cobren 2.200 euros brutos por 14 pagas, allá ellos. La oposición también hizo valer su mayoría en los consejos de administración de las empresas municipales.

UN SUPERÁVIT QUE AFLORÓ 101 MILLONES

A pesar de que tanto ERC como el PSC mostraron desde un primer momento su simpatía hacia la medida de gastar el superávit en medidas de corte urbanístico y social, Barcelona en Comú padeció hasta el último minuto en el pleno para sacarla adelante. Los anticapitalistas de la CUP, siguiendo su costumbre de no adelantar el sentido de su voto hasta el último momento (no lo hacen ni entre bambalinas para tranquilizar a los negociadores), dieron el 'sí' para permitir el gasto de 101 millones aunque aprovecharon para exigir más diálogo. Republicanos y socialistas, una vez más, trataron de sacar pecho de qué inversiones procedían de su negociación bilateral.

UN PLENO FORZADO SOBRE LA AMI

A menos de tres semanas de las elecciones catalanas, CiU, ERC y la CUP forzaron la celebración de un pleno extraordinario para debatir la entrada de Barcelona en la Associació de Municipis per la Independència (AMI). El gobierno esquivó el envite con una diplomática abstención, que evitaba la mayoría absoluta del plenario (se requerían 21 de los 41 regidores y solo votaron sí 17) pero abría la puerta a realizar una consulta a la ciudadanía. La semana pasada, en una comisión, los partidos soberanistas sumaron los votos necesarios para apoyar la declaración de ruptura del Parlament. BC se abstuvo otra vez.

ORDENANZAS APROBADAS AL FIN

Aunque el primer teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello, admitió este domingo que no saben qué votarán el martes los tres concejales de la CUP (precisan que por lo menos uno se abstenga o dé el 'sí'), el gobierno da por aprobadas las ordenanzas fiscales, que entrarán en vigor el 1 de enero con una congelación del IBI para el 98% de los vecinos. Han tenido que discutir hasta la saciedad con sus socios potenciales, retirarlo del orden del día, convocar un pleno extraordinario para llegar a tiempo a finales de diciembre… Un calvario que Pisarello no considera como tal porque asegura que la propuesta se ha mejorado.

EL PRESUPUESTO, EN VILO

Y mientras se sucedían las reuniones sobre las ordenanzas, el gobierno intentó tejer las complicidades necesarias para el presupuesto. Pero se encontró con un estrepitoso 'no'. Con la acusación (una vez más) de falta de diálogo por parte de la oposición, el equipo de Colau se vio obligado a retirar en el último minuto el debate de la comisión de Economía, paso previo al pleno de noviembre. De nada le sirvió haber presentado su propuesta unos días antes: ni los grupos más cercanos ni el bloque que suele tumbarles (CiU, Ciudadanos y PP) consintieron.