El plan de integración de los manteros costará casi un millón de euros y durará 3 años
El comercio en pleno da plantón a la mesa multisectorial convocada por el ayuntamiento
Se cumple la amenaza y el comercio de Barcelona ha plantado al ayuntamiento en la primera Mesa de Ciudad para el Abordaje de la venta irregular en la calle. Los comerciantes, de todas las asociaciones y patronales, se niegan a discutir oficialmente la solución al problema del top manta cara a cara con los vendedores en situación de ilegalidad. En el encuentro, se ha dado conocer el calendario y presupuesto para afrontar soluciones. La estrategia municipal prevé invertir 910.00 euros hasta el 2018, la mayoría el año que viene.
Los que sí han acudido a la reunión han sido el presidente de la Mesa, Jordi Coronas (portavoz del grupo municipal de ERC en el consistorio), la segunda tenienta de alcalde de Derechos Sociales, Laia Sanz, comisionados de Inmigración y Seguridad, así como representantes de los grupos de la oposición, a excepción del PP, que exige ante todo acabar con la actividad de venta ilegal. También participaron portavoces de la FAVB, SOS Racisme, Espai l'Inmigrant, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, la asociación Tras la Manta y representantes de los manteros.
Para abordar la problemática social, el ayuntamiento ha establecido un presupuesto que incluye reforzar los servicios de atención al inmigrante y estudiar sus necesidades y acciones de inclusión, pero casi 800.000 euros recaen en programas de formación para su inserción laboral. Hay 224.000 euros para un proyecto piloto de de programas mixtos de formación y trabajo de 12 meses; 448.000 euros para otros 20 programas mixtos también de un año y 168.000 para 15 de seis meses. El grueso de las acciones se llevarán a cabo los dos próximos años.
En paralelo, y como habían pedido los grupos, se estima en 836.000 euros el coste de un posible proyecto cooperativo para la auto-ocupación, con el supuesto de atender a 25 casos en tres años.
Coronas considera que se ha puesto "la primera piedra para lograr un acuerdo de ciudad sobre la venta irregular en Barcelona". Y hace un llamamiento a los comerciantes para que asistan a la próxima reunión en busca de soluciones "de consenso". El sector se negó a acudir en bloque porque sostiene que es el consistorio quien debe analizar la situación del colectivo y formarlos o darles una salida, antes de que el comercio se siente en la Mesa. Consideran que no tienen que negociar directamente, mientras ellos están realizando una actividad ilegal y competencia desleal. Una vez se encarrile la solución por la vía municipal, con papeles y formación, el sector de la venta legal se ofrece a ayudar a encontrar puestos de trabajo a los inmigrantes que ahora despachan en la calle, pero no a negociar soluciones.
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