Las entidades piden contundencia contra los desahucios y un censo de inmuebles de la Iglesia

La necesidad acucia y las entidades acogen con satisfacción el anuncio de 2.000 nuevas viviendas públicas de alquiler. No obstante, ponderan la iniciativa ante las carencias del mercado inmobiliario, como recuerda Salvador Torres, portavoz de la asociación 500x20, que incide en “los 650.000 pisos censados en Barcelona” para hablar de “una gota en un océano”. Y expone “el colapso” de la bolsa de vivienda social, “con 70.000 familias que necesitan acceder a un piso asequible”.

Carlos Macías, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, espera una concienzuda distribución de las viviendas “para evitar bolsas de pobreza”, al tiempo que valora el “cambio sustancial” en la estrategia con el nuevo consistorio. Sin embargo, reclama la “aplicación total de la ley 24/2015”, que prevé que los grandes propietarios que pretendan ejecutar un desahucio por impago “deben realizar una oferta de alquiler social por tres años”.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, pide al ayuntamiento que siga por la vía de exigir la Sareb (el 'banco malo') que sus propiedades se destinen a alquiler social. También desde la FAVB, Joan Balañach cita a las casi 18.000 familias con menos de 15.000 euros de ingresos al año para evidenciar la imposibilidad de que accedan al mercado inmobiliario privado. Y Torres pide “un peinado de propiedades” antes de elevar la fiscalidad a las segundas residencias, aprovechando ese censo para identificar “las miles de propiedades” de la Iglesia y su “privilegio de no pagar impuestos, pero sin perdonar el cobro del alquiler”.