El fiscal abre pesquisas a raíz del informe sobre BR

El fiscal de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, tras estudiar el informe remitido por el Ayuntamiento de Barcelona sobre la actividad de la agencia metropolitana Barcelona Regional (BR) entre el 2011 y el 2015, es decir, bajo el mandato de CiU en la alcaldía, ha decidido abrir una investigación para aclarar los hechos reunidos en el texto.

En la presentación del informe, la semana pasada, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, destacó que las presuntas irregularidades de Barcelona Regional se habían producido en tres ámbitos: la contratación de empresas, la actuación internacional y la contratación de personal, según la investigación.

La alcaldesa, Ada Colau, optó en julio por presidir la agencia metropolitana después de que este diario divulgara la contratación de la empresa de Pere Pujol Ferrusola (Entorn) a los pocos meses de llegar CiU a la alcaldía y después de que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled reclamase a BR una copia de un expediente de contratación.

Pisarello reveló que se están investigando otras áreas de Hábitat Urbano en las que también se han detectado indicios de «conductas que podrían conformar un patrón de actuación con elementos comunes» en distintas entidades.

Una de las principales conclusiones del informe es el encargo de una auditoría a BSUS. Esta última es una empresa participada por BR (junto al Port de Barcelona y Abertis) de la que algunas fuentes sospechan que podría haber actuado como caja b de Antoni Vives para sufragar gastos. Precisamente BSUS se sitúa en el centro del interés del fiscal, según fuentes judiciales.

Casi en paralelo a la apertura del expediente a la totalidad de la gestión de BR bajo el liderazgo del tándem formado por Vives (en esa época teniente de alcalde de Hábitat Urbano y máximo responsable de BR) y Willy Müller (director general de la agencia), Sánchez Ulled decidió también archivar las primeras diligencias abiertas. Se trata de la investigación nacida tras la llegada de un anónimo a la fiscalía y la redacción de EL PERIÓDICO denunciando irregularidades en la adjudicación de contratos de BR por parte de Müller para favorecer a un exsocio, Antonio Herrero.

PORT OLÍMPIC / Sánchez Ulled comisionó a la policía en el mes de junio para que se personara en la sede de Barcelona Regional y requiriera en el acto la copia del expediente de contratación sobre el informe Redacción del nuevo plan de usos del Port Olímpic de Barcelona, que fue adjudicado a la empresa Shift Global Engineering Group, de Herrero. Sin embargo, su petición no se limitó a este expediente, sino que también solicitó la lista de contratos adjudicados en los últimos cinco años a esta empresa y a otras seis, así como al mismo Antonio Herrero como persona física.

Esas presuntas irregularidades no fueron incluidas en el informe del ayuntamiento sobre Barcelona Regional. El archivo llega ahora tras no apreciar el fiscal indicios de delito, en este caso, en la actuación de Müller y Herrero.