Los alcaldes se rebelan contra los planes municipales del Gobierno

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado una carta a todos los alcaldes de España en la que les solicita que a partir del 1 de enero sigan prestando a los ciudadanos aquellos servicios que, según una ley aprobada por el PP en el 2013 que con el cambio de año entrará en vigor, son «impropios» de un ayuntamiento, como proporcionar un techo a los indigentes en las noches más frías del invierno, disponer de una red de guarderías infantiles, becar el almuerzo de los niños de familias con severas dificultades económicas... Minucias, como queda claro. Los alcaldes metropolitanos consultados han recibido la carta como la confirmación de que, aunque muy desconocida (mucho menos, por supuesto, que la 'ley mordaza' o la 'ley Wert', por ejemplo), esta es una de las normas de la Moncloa más dañinas de esta legislatura. Tanto es así que ningún alcalde consultado tenía intención de acatarla.

«Hay que recordar qué decía el PP al presentar la ley: que los ayuntamientos éramos los culpables de la ruina económica de España, que despilfarramos», recuerda Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet. En aquel contexto, cuando tanto se hablaba de la prima de riesgo y del rescate de la UE, el Gobierno anunció esta ley y tuvo la picardía de bautizarla con un nombre aburrido (de racionalización y sostenibilidad de la Administración local), lo que le ha proporcionado una cierta invisibilidad. Hasta ahora.

ÁMBITO COMPETENCIAL

«Es una ley absurda, imposible de cumplir, lejos de todo sentido común. En un momento en el que los ayuntamientos, como Administración más cercana, prestan ayudas sociales incluso a personas que tienen empleo porque los salarios ya no permiten vivir, el Gobierno pretende que los alcaldes demos un paso atrás y renunciemos a gestionar estos servicios», explica Carles Ruiz, alcalde de Viladecans.

La carta de Beteta ha causado en los despachos municipales un cóctel de reacciones. Indignación, hilaridad, estupor... La lectura paciente de la misiva agrava las cosas. Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà, destaca que Beteta invita a seguir prestando estos servicios hasta que el Gobierno cierre un nuevo sistema de financiación autonómica.

La sima en la que se han hundido las relaciones políticas entre el Gobierno y la Generalitat no invita a ser muy optimista sobre el resultado de una negociación de esta materia tan sensible, y tampoco -prosigue Sánchez- que la normativa considere que los servicios sociales son competencia de las autonomías, porque desde el 2001, por ejemplo, la Generalitat ha recortado sin escrúpulos las dotaciones de guarderías.

EMERGENCIA

La incómoda situación de los consistorios se agrava más al menguar las prestaciones del Gobierno, como recuerda Montserrat Pérez, teniente de alcalde de Educación y Política Social del Ayuntamiento de Cornellà. «El Estado informó en el 2013  de que dejaba de compartir los gastos de teleasistencia para personas mayores; desde entonces lo asumimos íntegramente entre la Diputación de Barcelona y nosotros mismos», expone la edila.

Pérez subraya que «se relega a las autoridades municipales a cuestiones de estricta emergencia social», así como a la cesión de suelo edificable y a aspectos meramente de mantenimiento en el apartado educativo. Todo ello, pese a ser la Administración  que asume «el coste y el impacto de que la Generalitat haya dejado de responsabilizarse de atender la mayor parte de estos servicios vitales para familias en apuros». Una deuda, la contraída por la Generalitat con Cornellà, que el consistorio del Baix Llobregat sitúa en 12 millones de euros.

La cantidad es casi calcada a los 12,6 millones en que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sitúa los impagos del Govern, sumando todas las partidas. Su alcaldesa, Núria Parlon, muestra su preocupación al constatar que el Ejecutivo central no prevé un desahogo para las arcas municipales mientras no se solvente la financiación autonómica. «Demuestran el profundo desconocimiento que el Gobierno y la Generalitat tienen de las necesidades de la ciudadanía y su gran menosprecio por la gestión municipal», expone.

Parlon lamenta la «incomunicación» de ambas autoridades, que impide abordar el reparto de funciones y la financiación necesaria para no dejar a la población vulnerable en la estacada. Pese a que las cuentas consistoriales están «al límite», garantiza que quienes necesiten becas comedor o las víctimas de la pobreza energética seguirán recibiendo cobertura municipal, ante el estatismo de Generalitat y Gobierno, «más preocupados por otros debates que por las auténticas prioridades de la ciudadanía».