Colau y las licencias de la discordia

El ayuntamiento asegura que no habrá excepciones a la moratoria de alojamiento

La Torre Agbar 8 Es uno de los proyectos con opción a pedir licencia.

La Torre Agbar 8 Es uno de los proyectos con opción a pedir licencia. / ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

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PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

Pocas veces un concejal del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que salir a escena tantas veces para matizar, amplificar o clarificar una iniciativa del gobierno local. Pero es que la atrevida moratoria que puso cerrojo temporal el pasado verano a todas las nuevas licencias de alojamiento turístico de la capital catalana tiene muchas más aristas jurídicas y económicas de las que la alcaldesa Ada Colau pudo imaginar. A la joven teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz le ha tocado sacar pecho en varias ocasiones para defender lo a veces difícil de defender: que Barcelona puede despreciar decenas de proyectos hoteleros sin que pase nada.

Antes de 10 días, anunció ayer, tendrá lista la radiografía de las licencias, trámites y solicitudes que estaban en marcha antes de la suspensión, y su viabilidad. El ayuntamiento habló a principios de julio de una treintena de casos, pero la situación es mucho más compleja. Por eso, desde entonces ha habido un continuo baile de cifras sobre proyectos frustrados y licencias en jaque, ya que el Gremi d'Hotels de Barcelona solo tiene conocimiento «de una parte de la afectación», de los que consultan con esta patronal, explica su presidente, Jordi Clos. Lo único oficial hasta la fecha son los 26 recursos de constructoras, sociedades y consultoras contra la orden municipal, según los datos que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hizo públicos el pasado miércoles.

El teniente de alcalde de Trabajos, Economía y Planificación Estratégica, Gerardo Pisarello, defendió ayer que Barcelona había vivido «demasiados años de barra libre en actividad turística» y era el ciudadano quien exigía ponerle freno. Poco después, Sanz reiteró por enésima vez que la moratoria dictada por el ayuntamiento es completamente legal y no es un fin en sí misma sino una «herramienta» para ordenar el sector con un plan específico sobre alojamientos que espera tener listo para su aprobación inicial el próximo marzo.

La regidora no quiso dar ninguna cifra de posibles proyectos frenados que finalmente se tendrán que llevar adelante porque tienen la ley de Urbanismo de su parte. De la treintena de candidatos planteados inicialmente, asumió que algunos se llevarán a cabo porque en la fase de tramitación en que se encontraban, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, la previsible indemnización a algunos promotores tras una batalla legal, como alertó desde el principio el grupo municipal de CiU.

Pero además de los proyectos iniciados, hay casos en los que se había emitido un certificado de aprovechamiento urbanístico, un documento que se solicita para solares y edificios sobre todo en situaciones de incertidumbre urbanística y acredita los posibles usos de una finca, a la par que implica disponer de seis meses para tramitar una licencia. Es aquí donde se dibujan aún más incertidumbres.

Según el consistorio, son casos como el de la Torre Agbar. El grupo Emin Capital anunció que sí habría hotel, pero el consistorio acabó matizando hace unas semanas que la ley le permitía activar la solicitud de licencia, pero que estaba por ver si el ayuntamiento la concedía. Ayer, Sanz aseguró que la petición aún no se había presentado.

Caso por caso

Podrían ser varias decenas de casos más, en los que el promotor con certificado de régimen urbanístico vigente está «en su derecho de presentar proyectos de licencia», sin que signifique que la vaya a conseguir automáticamente. Eso sí, si el proyecto cumple con todos los requisitos legales y ningún plan lo prohíbe (como sería el caso del plan de usos de Ciutat Vella), acabará teniendo vía libre. Jordi Clos enfatiza que Colau solo podría rechazar los que incumplieran la ley. Y Sanz puntualiza que habrá que mirar uno a uno todos los casos y enmarcarlos en los criterios del futuro plan de ordenación.

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Clos afirma que incluso en los casos positivos (se precisan informes de Patrimonio, bomberos, medioambiente, técnicos...), la tramitación suele llevar más de un año en Barcelona. Por lo que ningún proyecto podría iniciarse de forma inminente. Por el momento, el impacto de la moratoria es difícil de evaluar en datos. «Algunos operadores han querido esperar, otros se han llevado el proyecto a otra ciudad...», explica Clos.

Para la concejala, el ayuntamiento en ningún momento ha hecho ni hará excepciones y todo lo sucedido viene marcado por la ley. Como el caso del Deutche Bank, un edificio del que se ha descartado la modificación urbanística para elevar su altura y crear un macrohotel, pero que (sin crecer) sí podrá rehabilitarse con otro uso.