La oposición pide que se suspenda la moratoria hotelera en los barrios de BCN no saturados

La oposición ha aprobado este martes una propuesta en la que se pide al gobierno de Ada Colau que suspenda la moratoria hotelera en los barrios en los que no hay saturación turística. Los grupos municipales de CiU, ERC y PP se han sumado a Ciutadans y PSC, precursores de la iniciativa, para reclamar a Barcelona en Comú (BC) que entregue en un plazo de un mes la información pertinente que avale la decisión, tomada en julio poco después de llegar al ayuntamiento.

La cuarta teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha defendido la moratoria, que afecta a todos los alojamientos turísticos durante un año, ampliable a otro más. La representante del gobierno ha insistido en que su intención es "poner orden" después de varios años "de desregulación y barra libre".

41 PROYECTOS CON CERTIFICADO

No obstante, igual que ocurrió el lunes con la comisión extraordinaria de manteros, BC no ha facilitado datos. Ha sido la líder de Ciutadans, Carina Mejías, quien sí ha revelado que hay 41 proyectos de este tipo que cuentan con certificado urbanístico y que 18 de ellos podrían interponer demandas, según su información.

Sanz le ha respondido (a ella y a la concejal de CiU, Sònia Recasens, que había alertado del mismo problema) que "no hay implicaciones jurídicas porque es una medida que no es definitiva".

DENSIDAD EXCESIVA

"Coincidimos en que la densidad en ciertas zonas es excesiva", ha encajado el presidente del grupo municipal del PSC, Jaume Collboni. Sin embargo, el socialista ha recriminado al equipo de Colau que la decisión de la suspensión de licencias se tomó "de forma unilateral, sin consenso y sin fundamentos técnicos", ha descrito.

El representante de ERC, Jordi Coronas, se ha quejado igualmente de la falta de información técnica mientras que el concejal Javier Mulleras (PP) ha afirmado que "se han puesto a matar moscas a cañonazos". La CUP no ha avalado la proposición del resto de la oposición y el edil Josep Garganté les ha acusado de representar "al lobby empresarial del turismo".