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REACCIÓN A LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR LA OFICINA ANTIFRAU

Colau: "No tiene sentido la pensión de los dos urbanos condenados"

Los agentes, en prisión, cobran pagas vitalicias de 1.600 a 1.800 euros al mes

El sindicato CGT anuncia más acciones legales contra un «proceso irregular»

C. BUESA / A. FUENTES / J. G. ALBALAT / BARCELONA

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que «no tiene sentido» que se estén pagando pensiones vitalicias a los exguardias urbanos Víctor Bayona Bakari Samyang, condenados a dos años y tres meses de prisión e inhabilitación por haber torturado a un detenido. Bayona y Samsang fueron testimonios clave en el juicio contra varios jóvenes por los incidentes del 4 de febrero del 2006 en Ciutat Vella, en los que un urbano fue gravemente herido. Los dos exagentes cobran de 1.600 a 1.800 euros de pensión por incapacidad permanente desde que fueron condenados en firme por torturas.

Colau hizo esta consideración tras conocer la resolución de la Oficina Antifraude que cuestiona estas pagas y reclama que se extremen los controles para revisar la invalidez, de la que ayer informó EL PERIÓDICO. Los dos expolicías, según confirmaron a este diario fuentes oficiales, continúan en la cárcel desde su ingreso en diciembre del 2014.

«Es un tema que ya denunciamos», recordó la alcaldesa, que ha dicho que en los próximos días su gobierno verá si puede dar alguna información más precisa.

El nuevo comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, ha estado ya en contacto con los intendentes de la Guardia Urbana, prosiguió la responsable municipal en una rueda de prensa posterior a un encuentro con la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. La alcaldesa reveló que revisarán expedientes y protocolos, pero que todavía es pronto para aportar más información. También expresó su «plena confianza» en la policía local barcelonesa, que, en su opinión, «hace una tarea cotidiana imprescindible».

SOSPECHAS

Fuentes de la Oficina Antifrau de Catalunya confirmaron ayer a este diario que tras recibir la denuncia del sindicato CGT recopilaron información sobre la pensión de invalidez otorgada a los dos exguardias urbanos y que descubrieron la existencia de «deficiencias» y «razonables sospechas». Las competencias de Antifrau delimitan su actuación, de ahí que solo hayan realizado una serie de recomendaciones. La más importante es sugerir al Instituto Nacional de la Seguridad Social que extreme los controles y pruebas médicas a la hora de revisar la incapacidad de ambos exagentes.

SILENCIO DE SALUT

Aunque el pago de la pensión depende de la Seguridad Social, su decisión se basa en el informe del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), un organismo que depende del Departamento de Salut de la Generalitat y que tendrá que volver a analizar el estado de salud de ambos policías en una revisión ordinaria programada para el año que viene. Salut no respondió ayer las peticiones de este diario de dar una respuesta a las recomendaciones de la Oficina Antifrau.

La dirección de la CGT de Catalunya anunció que llevará a cabo nuevas acciones legales para denunciar lo que considera como un «proceso irregular» que podría estar enmarcado en «un intento de ocultación de casos de denuncias de torturas».

Seis meses después de haber presentado la denuncia, el sindicato no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte de la Conselleria de Salut ni de la Inspecció de Treball del Departamento de Empresa i Ocupació.