29 oct 2020

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Andrés García Berrio: "En Barcelona se vulneran derechos humanos"

"Si los alcaldable spasaran 24 horas en el CIE de la Zona Franca, lo cerrarían", afirma este abogado social del colectivo Arrels

NÚRIA NAVARRO / BARCELONA

«Los derechos de cada individuo disminuyen cuando los derechos de uno solo se ven amenazados», observó la filósofa Judith Butler. Y en esa defensa anda el perseverante abogado Andrés García Berrio, experto en derechos humanos y libertades ciudadanas. Es uno de los salvavidas de la población subsahariana y de otros colectivos sin amparo ni recursos de la ciudad.

-¿Qué tal anda Barcelona en derechos humanos?

-Hay vulneraciones. Una de las más graves es la combinación de redadas sistemáticas en base al perfil étnico con dispositivos como el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, donde en el siglo XXI se priva de libertad por el hecho de no tener papeles y te pueden deportar en función de los cupos de unos aviones fletados por el Gobierno central. Es dramático ver cómo personas que llevan seis o siete años en Barcelona, que hicieron las carreteras cuando todo iba bien y tienen aquí a sus parejas, sienten terror a pisar la calle. Unas 1.400 personas acaban en el CIE cada año.

-Es su gran caballo de batalla.

-Es el símbolo más poderoso del racismo que tenemos en la ciudad. Si los alcaldables pasaran 24 horas ahí dentro, lo cerrarían.

-Levante más alfombras.

-La segunda, y es clave, es la existencia de la ordenanza de civismo que sobrepenaliza el uso del espacio público a todo aquel que queda fuera de la marca Barcelona. Y me refiero a la cantidad de esfuerzos que se dedican a la persecución de manteros -he llevado casos de tortura-, lateros, músicos, marionetistas, trabajadoras sexuales. Vemos situaciones dantescas en la zona centro que, en el fondo, no tienen que ver con la seguridad pública. Dentro de las reglas del juego, sería mejor dialogar con ellos y regularizar.

-Y el resto, ¿respira oxígeno democrático de calidad?

-Algún artículo de la ordenanza es más duro que los de la ley mordaza.

-¿Por ejemplo?

-He llevado el caso de un ciudadano que se negó en un primer momento a mostrar la documentación, una falta sancionable con una multa de 50 a 100 euros. La ley de seguridad ciudadana prevé una de unos 300, y en la ordenanza cívica he visto sanciones de 3.000 euros. Como la ordenanza es tan dura, los Mossos la aplican sobre determinados activistas y manifestantes. Y lo peor es que es ineficaz. Las organizaciones de derechos humanos pedimos redefinir la seguridad de forma más inteligente y menos cara a la galería.

-Esa ordenanza fue pactada por el PSC, ERC y CiU.

-La ordenanza no es sino la aplicación del concepto de tolerancia cero de Rudolph Giuliani en Nueva York, vestido de otro modo. Las asociaciones de derechos humanos queremos convencer a todas las fuerzas políticas de que la mejor manera de regular y defender los derechos humanos en el espacio público es derogar esa normativa. Barcelona en Comú y la CUP introducen en sus programas su derogación, al menos en sus aspectos más retrógrados, y están más cerca de escuchar a las personas que la sufren. El nuevo alcalde debería de tener en cuenta a las organizaciones.

-¿No les tienen en cuenta?

-No de manera directa. Este año la ciudad se ha visto golpeada por uno de los mayores escándalos que han tenido que ver con la vulneración de derechos humanos: el caso de Ciutat morta. Desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura denunciamos, y seguimos esperando que algún responsable se interese en dialogar. Otro caso es el de los asentamientos de subsaharianos, al que el alcalde Trias puso parches tras la presión social. En general, creo que no se quiere de verdad conocer cuáles son las consecuencias de las políticas que se llevan a cabo.

-La consecuencia de 'Ciutat Morta' fue cuestionar a la Guardia Urbana.

-La situación que denuncia el documental se puede dar y urge un plan de choque. No puede ser que el propio cuerpo se supervise a sí mismo. Propongo la creación de un cuerpo de funcionarios públicos independiente con facultades de investigación que trabaje de manera directa con el alcalde y monitorice su trabajo. En especial, el de las unidades antidisturbios. En una Barcelona en la que no hay tantos problemas de orden público, el trato que dan al ciudadano es muy agresivo.

-¿Envidia el patrón de alguna otra capital?

-Nunca habrá una ciudad ideal. Lo importante es marcarse el objetivo de que Barcelona sea un modelo de defensa de los derechos humanos. Y crear un comité de expertos que se forme en los proyectos que mejores resultados estén dando fuera: la política de seguridad de los países nórdicos, determinados experimentos en ciudades de Latinoamérica...

-¿Alguna otra sugerencia a cuatro días de plantar las urnas?

-Sí. La democracia se debe entender como una democracia en construcción, que se preocupa cada día por los derechos de los ciudadanos. La nueva política no son solo los nuevos partidos emergentes, somos los que llevamos haciendo política desde abajo, como hormigas, desde hace años.

-¿Es usted la nueva política?

-Y tantísimos otros. Somos realistas, sabemos que gobernar una ciudad es muy difícil. Pero la democracia real pasa inevitablemente por que los responsables políticos incluyan a los movimientos sociales y a las asociaciones vecinales que trabajan a pie de calle. Deben integrar la idea de los zapatistas de «mandar obedeciendo», que tiene que ver con poner en el centro a los ciudadanos.