El Síndic pide revisar la baja de dos agentes implicados en el caso del 4-F

El Síndic de Greuges se presentaba ayer en el Parlament de Catalunya con una carpeta repleta de sombras sobre la gestión política y policial del denominado caso 4-F, tratado por el documental 'Ciutat Morta', que tanta polvareda levantó tras su emisión en el Canal 33 a mediados de enero. Rafael Ribó denunció "negligencias" por parte de la Administración, subrayó la "grave" desaparición del libro de detenidos de la Guardia Urbana correspondiente al 2006, cuando se produjeron los hechos, y exigió responsabilidades por un posible caso de malos tratos a los detenidos tras el desalojo de una casa ocupada que acabó con un agente herido grave.

Fue una comisión más expositiva que resolutiva, pues la fiscalía ya rechazó reabrir la causa, lo que evitó que la mayoría de los diputados comulgaran con la vehemencia del ponente. El informe del Síndic era de sobra conocido porque se presentó hace tres semanas. Pero ayer amplió algunos aspectos. Por ejemplo, que tiene indicios de que dos agentes de la Guardia Urbana implicados en el 4-F y que en el 2011 fueron apartados del cuerpo por casos ajenos a este, gozan de una baja por invalidez cuanto menos dudosa. "Ambos entraron en la senda de la baja al día siguiente de que se conociera la sentencia inhabilitadora, por lo cual solicito la revisión, por transparencia democrática, de estas adjudicaciones", dijo.

Ribó reclamó también "protocolos de investigación policial interna independiente" ante los indicios de malos tratos a algunos de los detenidos, y consideró alarmante que los chequeos médicos a los jóvenes se realizaran ante la presencia de los agentes. Todos los grupos compartieron el estupor ante la desaparición del libro de detenciones, pero solo Quim Arrufat (CUP) pidió explícitamente reabrir la investigación de un "mecanismo mafioso".

El barómetro que GESOP elaboró semanas atrás para este diario preguntó a los encuestados sobre el caso 4-F. El 51,8% de los entrevistados dan mayor credibilidad a los acusados que fueron a prisión, mientras que la Guardia Urbana recibe el respaldo del 13% y el 35,2% no se posiciona.