BCN ve una "irregularidad", pero no maltrato a los detenidos del 4-F

Casi un mes después de que los hechos del 4-F volvieran a estar bajo sospecha tras la emisión televisiva del documental Ciutat Morta, el Ayuntamiento de Barcelona presentó el martes el informe que se comprometió a elaborar sobre lo sucedido en el 2006. El análisis del consistorio concluye que ese día no se produjeron malos tratos a los detenidos y, si bien sí hubo "irregularidades", el asunto está zanjado porque no hay ninguna prueba nueva. No obstante, el equipo de gobierno se comprometió a impulsar una serie de mejoras en la Guardia Urbana.

Fue el director de los servicios jurídicos, Alfred Lacasa, quien pormenorizó los hechos ahora revisados, que constan en un informe de 55 páginas. Fue claro: si las sentencias firmes que se refieren a este caso son concluyentes, la única forma de revisarlas sería si alguno de los perjudicados lo pidiera, pero bajo ningún concepto esto puede hacerlo el ayuntamiento. "El poder judicial no se puede revisar por nuestra administración, por lo que consideramos que el caso está cerrado", zanjó.

No afecta al resultado

Lacasa sí admitió la pérdida del libro de detenidos de la Guardia Urbana, aunque lo minimizó advirtiendo de que los datos que incluía los habían podido tener por otros medios. En cambio, el primer teniente de alcalde y responsable de seguridad, Joaquim Forn, fue más autocrítico y calificó el extravío de "irregularidad". De hecho, desde el 2007 estos libros se guardan en las comisarías "de forma sistemática" aunque en el momento de los altercados de la calle de Sant Pere més Baix "no había obligación".

Donde sí se pronunciaron al unísono (igual que el gerente del área de seguridad, Joan Delort, que acompañaba a Forn y Lacasa) fue al discrepar de las afirmaciones del día anterior del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que acusa de «negligencia» a las administraciones y aprecia «indicios de malos tratos» por lo menos a uno de los detenidos, Rodrigo Lanza, que sufrió una herida en la cabeza y que él asegura que fue consecuencia de la brutalidad policial.

Versiones contradictorias

"Con los elementos que tenemos no vemos estos indicios", sostuvo Joaquim Forn. Lacasa recordó que la sentencia de la Audiencia no puede aclarar cuándo se produjo la lesión porque las declaraciones de los encausados eran "erráticas" mientras que Delort reveló que desde la comisaría de la Rambla los tres detenidos se desplazaron al Hospital del Mar, de allí al Hospital de Sant Pau y por fin a la Clínica de l'Esperança, donde finalmente les atendieron. Esta explicación iría en contra de la versión de Lanza, que aseguró que la policía le había agredido al regresar a la comisaría después de que en el Hospital del Mar no les pudieran atender.

Pese al rechazo de responsabilidades por parte del ayuntamiento, este aplicará una serie de mejoras en la Guardia Urbana, como instalar cámaras de vídeo en los coches en los que se trasladan detenidos (para velar por la seguridad de estos pero también de los agentes por si se enfrentan a denuncias falsas); se creará un comité de ética que elaborará un informe anual y se mejorará el control del cuerpo a través de la unidad de régimen interno.

24 denuncias en 33.000 detenciones

Uno de los objetivos de los tres responsables municipales era lavar el nombre de la Guardia Urbana. Forn, dolido, se quejó de que habían recibido acusaciones conforme la policía de Barcelona era una de las que acumulaba más denuncias por torturas. El teniente de alcalde aseguró que en cinco años ha habido 24 denuncias por malos tratos en 33.000 detenciones.