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INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CATALÁN

Ribó ve negligencia de la Administración en el 4-F

El Síndic aprecia indicios de malos tratos al detenido Rodrigo Lanza

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció ayer que las administraciones actuaron con «negligencia» y «falta de transparencia» en el caso del 4-F,  y aprecia «indicios de malos tratos» a al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida abierta en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial.

Así lo advirtió el Síndic en una rueda de prensa en la que presentó las conclusiones de su investigación de oficio sobre el caso, a raíz de la emisión de Ciutat morta, en el que los condenados por lesionar de gravedad a un agente de la Guàrdia Urbana en febrero del 2006 alegan que fueron víctimas de malos tratos policiales y de un montaje judicial.

En su informe, el Síndic aprecia indicios de malos tratos en el caso del principal condenado, Rodrigo Lanza, ya que tras su detención fue visitado en el Hospital del Mar, hacia las 8.30 horas, por policontusiones -atribuibles a la trifulca previa al arresto- y posteriormente, tras permanecer unas horas bajo custodia policial en comisaría de la Guardia Urbana, fue trasladado al Hospital de la Esperança, donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura y una grapa en la cabeza, ya que presentaba una herida abierta.

DOS VISITAS AL HOSPITAL / «¿Le dejaron abierta una herida en la cabeza en el Hospital del Mar? Si la lesión es posterior, ¿cómo se produjo?», se preguntó Ribó, mientras que su adjunto, Jordi Sánchez, admitía que no tienen «certezas» de que hubo malos tratos, pero sí indicios. Sánchez, responsable de seguridad ciudadana del Síndic de Greuges, ha sido el encargado de la investigación.

Ribó también denunció la desaparición del libro de registro y custodia de detenidos de la Guardia Urbana con la información relativa a febrero del 2006, cuando ocurrió la trifulca del 4-F, lo que considera un «hecho grave», y que en el atestado policial no se incluyen los informes médicos del Hospital del Mar. El ayuntamiento aseguró, según BTV, que esos registros no existían entonces y que  el archivo de la documentación policial se reguló en el 2007.

La investigación del Síndic también ha concluido que el procedimiento que culminó con la declaración de invalidez de dos de los agentes implicados en el caso -que permanecen en prisión por torturar a un detenido en un proceso paralelo-, parten de un «error de diagnóstico», por lo que pondrá su informe en manos de la Seguridad Social por si considera necesario revisarlo.

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