¿Comunicar o autorizar?

Teresa tiene un pisito de soltera en el Poble Sec. Cuando se fue a vivir en pareja le dio vueltas a qué hacer con su casa. No era momento para vender (hace dos años), ni le apetecía correr con los riesgos de un alquiler impagado, así que se lanzó a por el filón turístico. Primero lo hizo de forma irregular, sin declarar, para tantear el asunto. Como la vivienda era solo para dos personas, no tuvo problemas de ruidos ni convivencia, así que el año pasado oficializó el trámite, registrándolo en al ayuntamiento, tras hacerlo saber «formalmente» a la comunidad. El perfil de sus vecinos, una mezcla de personas mayores, poco al tanto de las normativas al respecto, y de inmigrantes asentados hace unos años, propició que a nadie se le ocurriera blindar el edificio de cara a nuevos pisos-negocio. Pero aunque lo hubieran hecho, habría bastado con que ella obtuviese la licencia el mismo día de la comunicación, antes de que hubiera tiempo de reacción.

Esta casuística es la que quiere evitar la Confederació Empresarial d'Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya, cuyo presidente, Joan Molas (también a la batuta de la patronal española CEHAT) ha reclamado a la Generalitat que se modifique la normativa para que «sea necesario que la comunidad de vecinos autorice la actividad», en lugar de bastar con una mera comunicación. Con la norma vigente en la mano, y si el estatuto de la comunidad no lo prohíbe, cualquiera puede legalizar un apartamento tras comunicarlo a sus vecinos de finca.

Calidad y seguridad

La preocupación de Molas es que la proliferación indiscriminada de viviendas de repentino uso turístico merme la calidad del alojamiento local y, sobre todo, ponga en jaque la seguridad. El colectivo empresarial (que también integra a hoteleros) es partidario de agrupar este tipo de oferta en edificios completos, como se está haciendo en Ciutat Vella. Pero otra parte del sector, aglutinada en la federación Federatur, defiende el modelo de pisos distribuidos en bloques de vecinos para conservar la supuesta esencia del asunto: que el turista viva por unos días integrado en la cotidianidad de la ciudad que visita.

En lo que unos y otros coinciden es en la urgencia de erradicar la oferta ilegal, donde más irregularidades pueden producirse (desde la economía sumergida a la falta de calidad de la oferta). En este sentido, la reciente medida impulsada desde la Direcció General de Turisme para que todos los pisos legales hagan constar en su publicidad el número de inscripción en el Registro de Turisme de Catalunya es un gran paso adelante, aunque la mayoría de anuncios on line no incluye aún ninguna numeración.

Esta herramienta será definitiva para que las inspecciones al sector den resultado. Hasta ahora, detectarlos entre 2.000 portales que los comercializan era una labor titánica. «No podemos permitir que se publicite lo ilegal», insiste Molas. El Gremi d'Hotels de Barcelona explica que regularmente informa al ayuntamiento de la oferta no regulada que detecta. En Barcelona existen miles de pisos turísticos, concentrados sobre todo en Ciutat Vella, donde se cerró el cupo de los permisos y  el traspaso de licencias cotiza a precio de oro, como informó este diario en febrero.

César, otro explotador de piso turístico, alude a la crisis para defender el negociado. Y apunta que también las consultas médicas y despachos generan trasiego en muchas fincas y no se las condena.