08 ago 2020

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Tribuna

La Barcelona de los derechos

Jaume Collboni

Ante los principales retos de nuestro tiempo --el paro, el incremento de las desigualdades, el cambio climático, la calidad de la democracia, el poder absoluto del dinero--, los actuales gobiernos parecen paralizados. Las contradicciones, el sufrimiento y las tensiones aparecen en toda su crudeza en grandes ciudades como Barcelona.

Lo comprobamos cuando una ciudad que vende su marca por todo el mundo, que es la capital del Mobile World Congress, y que reforma sus avenidas principales, no es capaz de avalar las inversiones pendientes para garantizar el derecho a la salud, a la educación y al transporte en muchos barrios de la ciudad.

Vivíamos en una ciudad, en un país donde la democracia, en su sentido más amplio y profundo, estaba consolidada. Una sociedad donde los avances políticos y sociales han sido caros de conseguir, desde el combate antifranquista, hasta las batallas vecinales y sindicales, estaban garantizados en forma de leyes progresistas, universalización de derechos y servicios públicos de calidad. La consecuencia física, visual y tangible, ha sido a escala barcelonesa, una ciudad salpicada de equipamientos y una acción urbanística transformadora e igualitaria para todos los barrios.

Izquierda y derecha

La izquierda era consciente de que el trabajo no estaba terminado. De hecho su ímpetu reformista y transformador duró hasta el 2010. El estallido de la crisis, la salida de las izquierdas de los gobiernos y la acción clara y decidida de la derecha han demostrado a estas alturas del 2014 su voluntad de hacernos volver al pasado. Y lo hacen siguiendo una doble estrategia: contrarreformas legislativas y recortando los servicios del sistema de bienestar.

La primera maniobra, la legal, ya hace tiempo que dura. Empezó con el recurso del PP contra el Estatut, más tarde contra matrimonio igualitario y últimamente se ha ampliado con una ofensiva sin precedentes que, en algunos casos, ha contado con el apoyo tanto entusiasta como innecesario del CiU; hablo de la reforma laboral o de la nueva ley de seguridad privada, pero también del fin de la universalización del derecho a la salud, de la nueva ley de prohibición del aborto, de la contrarreforma de la nueva ley de gobiernos locales, que amenaza con vaciar los ayuntamientos de competencias claves para el bienestar y abrir (aún más) la puerta a la privatización de servicios públicos básicos.

La segunda vía utilizada es limitar el ejercicio de los derechos sociales y de ciudadanía. En otras palabras, cambiar el modelo social de pies a cabeza. Utilizan el contexto económico y el necesario saneamiento de las cuentas públicas para poner fin a los instrumentos que servían para garantizar derechos como el derecho a la vivienda, a la educación y a la salud. Si no fuera así, no se entendería que esta política se aplicara también «a la Administración más solvente de todo el Estado», en palabras del propio ministro Montoro, que es el Ayuntamiento de Barcelona. O es que, tal vez, su objetivo final es desmontar los instrumentos que nos permitían socializar beneficios y oportunidades.

Las ciudades son el escenario donde las consecuencias de esta estrategia conservadora se hacen más trágicas y evidentes. En primer lugar porque son los espacios físicos más expuestos a las dinámicas globales, pero especialmente porque la amenaza a los derechos ciudadanos va en contra de su propia naturaleza. El origen histórico de las ciudades, su concepción primigenia desde la baja Edad Media, tiene que ver con la concesión de derechos, y como espacios de intercambio comercial y de ideas, lejos del poder feudal, donde las oportunidades fluían y erigían espacios de libertad.

Este ha sido el espíritu de Barcelona. Lo que ha hecho que con ambición de capitalidad aspirara a ocupar un lugar en el mundo con el fin de proyectar el talento que tenía y de atraer lo que le faltaba. Para disfrutar de las oportunidades que conlleva ser reconocida en el mundo, y repartir los beneficios entre el conjunto de los ciudadanos. Y este carácter es el que potenciaron los gobiernos de progreso durante 30 años, hasta la llegada de un gobierno municipal conservador que ha sido incapaz de entender la ciudad y se ha limitado a hacer reformas urbanísticas menores y privatizaciones de la mano del PP.

La Barcelona de hoy, instalada en la inercia, debe conformarse en ser el objeto del deseo de los fondos de inversión especulativos. Las grandes decisiones estratégicas que toda gran metrópoli ha de decidir, no se han tomado. Ni siquiera se ha convocado un debate público mínimamente riguroso de cómo retener y atraer talento, sobre qué modelo de crecimiento económico sostenible debemos seguir, de cómo dar oportunidades a la pequeña economía de pymes y autónomos, de cómo continuar siendo en el 2025 una ciudad que gane la batalla a las discriminaciones que provocan el paro, la pobreza, las diferencias culturales, mientras se refuerzan sus lazos de identidad compartida, y se multiplican las prácticas de civismo y de solidaridad.

Estoy convencido de que para ello hay que situar en el eje de las políticas de ciudad los derechos sociales y de ciudadanía arrebatados por la crisis y las políticas neoliberales.

Mi propuesta es que Barcelona vuelva a ser la ciudad abierta, igualitaria, comprometida y atractiva que una vez fue, restableciendo el pleno ejercicio de los derechos. Esto forma parte de nuestra manera de hacer y de construir la ciudad. Es la única manera de poder salir victoriosos, no solo de la ofensiva conservadora, sino también de la crisis. Para volver a ser dinámicos, recuperar nuestro lugar en el mundo, crear empleo y ofrecer oportunidades.

Esta es la Barcelona de los derechos que propongo, a partir de un nuevo pacto de ciudad entre todos los activos de la ciudad --las entidades, empresas y universidades-- y hacer posible la nueva gran transformación de la ciudad.