Barcelona reclama a un pensionista más de 150.000 euros por enganchar carteles

El hombre pegó más de 300 anuncios en los que se ofrecía para hacer mudanzas y traslados para llegar a fin de mes

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El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto más de 300 multas, por las que le reclama 155.000 euros, a un pensionista que enganchó carteles en el espacio público en los que se anunciaba para hacer mudanzas y traslados.

Según ha explicado a Efe Roberto Castro, el abogado del denunciado, su cliente Miguel R., no supo hasta diciembre, cuando se lo comunicó el Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona (IMHB), que le habían puesto estas multas por unos carteles que había enganchado en el 2012 y que le requerían casi 160.000 euros.

En Barcelona enganchar carteles en el espacio publico está multado con 375 euros, a los que en este caso se suman los recargos por no haber pagado las sanciones.

"Vino hundido y abatido y padece una depresión. Esta cantidad no se paga ni en seis generaciones", ha señalado el abogado, que ha explicado que Miguel R. es viudo, cobra una pensión inferior a 1.000 euros y vive de alquiler con sus dos hijos adolescentes, que tiene que mantener.

"Es una familia que no llega a fin de mes y de ahí la necesidad de buscar un sobresueldo con estos anuncios de mudanzas", ha señalado.

El abogado ha explicado que en el 2012 Miguel R. hizo en un par de días una batida de carteles por Barcelona y poblaciones del extrarradio, como Gavà y Terrassa, y que en estas dos la policía local tubo el "detalle" de en vez de denunciarlo, llamarle por teléfono al móvil que aparecía en los anuncios para advertirle de que enganchar carteles está prohibido.

En cambio, en Barcelona nadie le dijo nada y posiblemente un mismo agente de la Guardia Urbana "fue siguiendo los carteles como si fueran miguitas" y poniendo denuncias, más de 300, por cada uno que encontraba, "con ensañamiento", en opinión del abogado.

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De momento, la semana pasada el abogado presentó un recurso por duplicidad de defectos de forma en la notificación contra la resolución vía embargo del IMHB.

Además, confía en que "la presión social saque los colores al Ayuntamiento de Barcelona por esta aberración" y haga que si se llega a los tribunales su cliente sea indultado.