El difícil acceso a los papeles lastra el plan de asentamientos

Tras meses de duro trabajo, de largas tardes de asesoramiento personalizado en el Ateneu La Flor de Maig todos los martes y los jueves, de las casi 60 solicitudes de permisos de residencia y trabajo entregadas por la Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou a la Delegación del Gobierno, solo se han logrado cinco informes favorables para la regularización de cinco de las 255 personas apuntadas en las listas de desalojados de las naves de la calle de Puigcerdà y Pere IV, buques insignia de los asentamientos irregulares en la capital catalana. El ayuntamiento, por su parte, en el marco de la tutela ofrecida por el plan de asentamientos irregulares, ha logrado lo propio con otros cuatro. O, lo que es lo mismo, casi medio año después de la escalada de desalojos que afectaron a más de 300 personas, no llegan a la decena los que han regularizado sus papeles como primer paso para intentar iniciar una nueva vida.

A la hora de hacer un balance sobre los primeros meses del plan impulsado por el municipio con el objetivo de erradicar los asentamientos que en los últimos años se habían ido extendiendo en las naves y solares abandonados en el Poblenou, en los que malvivían cientos de personas sin recursos, la gran mayoría dedicadas a la recolección y venta de chatarra, tanto los inmigrantes desalojados como la red social de apoyo a los mismos y el Ayuntamiento de Barcelona coinciden en que el principal escollo es la regularización, cuya competencia recae en el Estado. «Les cuesta un gran esfuerzo tanto económico -la solicitud de los penales, uno de los requisitos para tramitar la solicitud puede llegar a costar hasta 300 euros- como de burocrático reunir todos los papeles para entregar la solicitud a la Delegación del Gobierno y después la gran mayoría quedan encallados. Estamos esperando una reunión a tres bandas, entre ayuntamiento, Gobierno y Generalitat para afrontar ese problema, pero de momento no tenemos fecha», apunta Montse Milà, activista de la Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou. Agrega que la dispersión de los inmigrantes -los alojamientos alternativos están distribuidos por toda la ciudad- dificulta su organización y sus posibilidades de ganarse la vida. «Muchos de ellos siguen viviendo de la chatarra, pero sin las naves en las que manipularla se les hace más difícil venderla», prosigue la mujer.

ALOJAMIENTO INDEFINIDO / Miquel Esteve, Comisionado de Inmigración del ayuntamiento e ideólogo del plan de asentamientos, califica el mismo de forma positiva. «Nunca antes se había hecho un tratamiento tan integral del asunto», insiste. Hoy por hoy hay 134 personas viviendo de recursos municipales, ya sea en albergues para personas sin hogar, en pensiones o en pisos tutelados de entidades del tercer sector (los menos). Desde la Xarxa de Suport als Assentaments del Poblenou admiten que el ayuntamiento ha mantenido su palabra en el tema del acceso a un techo temporal, pero su angustia es cuánto tiempo podrá mantenerse si estas personas no logran regularizarse para ser independientes. «Ellos han venido aquí a trabajar, no quieren vivir de la beneficiencia», subraya Manel Andreu, de la asocicación de vecinos del Poblenou, entidad muy implicada con el colectivo.

Esteve comparte ese sufrimiento. «Nuestra responsabilidad era dar asistencia social y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Ahora le toca a la Delegación del Gobierno responder», concluye el comisionado, quien añade que, al margen de techo, hay 16 personas del plan que se han «inserido» al mercado laboral -llevan trabajando más de tres meses- y otra decena que han empezado a firmar contratos temporales de trabajo.

Para los afectados, hasta que se arregle el encallado tema de los papeles «todo es un parche». «Solo habrá soluciones para los que tengan la documentación en regla. El resto sigue igual o peor. El plan municipal presenta avances, pero para una minoría», señala Andreu, quien recuerda que aún hay 18 asentamientos en los que viven unas 200 personas. «Uno de ellos, el de la calle de Paraguai, donde viven 15, con orden de desalojo», advierte preocupado.