Unas 400 personas reivindican el derecho a prostituirse en las calles

Sus cánticos quizá podían ser más poéticos, pero no más claros. «Somos putas, queremos trabajar» y «ni víctimas ni esclavas, nosotras elegimos» fueron dos de las consignas más repetidas ayer por la tarde en la animada manifestación de más de 400 personas que recorrió el centro de Barcelona reivindicando el derecho de las prostitutas a ejercer en las calles. «Nos multan por lo que somos, no por lo que hacemos», señalaba una pancarta exhibida durante la marcha, convocada por el colectivo Prostitutas Indignadas a raíz de la aprobación por el gobierno local de CiU de la propuesta del PP de endurecer la ordenanza del civismo para prohibir el sexo mercenario en la vía pública.

La protesta empezó a las siete de la tarde en Sant Ramon, una de las calles de la capital catalana -si no la que más- donde el ejercicio de esta actividad está muy arraigado. Las prostitutas de toda la vida, con años de oficio sobre los tacones, se mezclaban con las recién llegadas, algunas muy jóvenes, en un ambiente alegre en el que reivindicaban lo que son, sintiéndose muy arropadas, algo a lo que el colectivo no suele estar demasiado acostumbrado.

El grueso de los manifestantes no eran profesionales del sexo sino ciudadanos que las apoyan. Había desde activistas feministas a residentes del Raval solidarios con sus vecinas -varios balcones del barrio lucían pancartas reivindicando unJo també sóc putaque imitaban el diseño de las clásicasVolem un barri digne.

UNA OPCIÓN PERSONAL / La gran mayoría de las participantes en la marcha insistían en que se dedican a la prostitución como opción personal, y en que la prohibición no solo coarta su libertad como ciudadanas, sino que las priva de su forma de sustento. «La calle nos da para pagar el alquiler y poder enviar algo de dinero a nuestro país. Si empiezan a multar más a los clientes, estos dejarán de venir y, ¿qué haremos?», lamentaba Alexandra, una rumana de 26 años. «Yo estoy aquí porque quiero. Prefiero esto a pasarme todo el día limpiando por 500 euros», aseguraba convencida.

A ojos de estas mujeres y de muchas de las trabajadoras sociales que conviven con ellas, el endurecimiento de la ordenanza es una medida «adoptada con pleno conocimiento de las graves consecuencias que comporta». Para estas profesionales, y para las decenas de entidades que han apoyado el manifiesto contra su criminalización, «en seis años ha quedado más que demostrado que la ordenanza no es un instrumento adecuado para abordar realidades tan complejas como esta».

En el manifiesto leído en Sant Jaume tras la manifestación, las participantes reclamaron políticas públicas «en coherencia» con las demandas de las mujeres que ejercen la prostitución, «en el respeto de sus derechos ciudadanos y fuera de toda respuesta de carácter represivo o policial». Si bien es cierto que, según apunta el gobierno municipal, las sanciones que se pretenden endurecer con el cambio son sobre los clientes, no sobre las meretrices, estas opinan que prohibir el ejercicio de su profesión y mantener las multas sobre ellas no es más que insistir en la criminalización y quebranta sus derechos.

«La prohibición comportará una mayor estigmatización y agravará nuestra situación de vulnerabilidad, quedando más expuestas que nunca a la violencia policial, a la violencia comunitaria y a la violencia de las organizaciones criminales», concluyeron las mujeres tras la marcha.

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