Enquistadas y en auge

La existencia de barracas y de personas que viven en ellas en condiciones infrahumanas, y peligrosas para su propia integridad como se vio en la tragedia de ayer, es un lacerante fenómeno social y urbanístico históricamente vinculado a la inmigración. El problema se ha enquistado en Barcelona y supera épocas, ciclos económicos y gobiernos. Las cifras de hoy no son las de los años 50 cuando eran más de 10.000 las personas alojadas entre maderas, chatarra y basura. Pero sí superan el millar, según los datos municipales más concretos. Se concentran entre la rutilante arquitectura del distrito futurista del 22@ en Sant Martí y tienen un origen dispar: 460 gitanos portugueses, 400 subsaharianos, en especial senegaleses, y 190 rumanos.

En pleno fulgor preolímpico, el 7 de noviembre de 1990, el entonces alcalde Pasqual Maragall incluso participó en el derribo oficial de la «última barraca». Atrás quedaban las masas informes de Montjuïc, el Somorrostro (litoral del Poblenou), La Perona (donde avanzan ahora el hormigón y las vías de la macroestación del AVE) y el Turó de la Peira.

Pero nuevas olas migratorias, que se intensificaron con los años, el nuevo desarrollismo del ladrillo y la globalización, trajeron pronto otras chabolas y formas distintas de barraquismo como ocupar precarias naves. Hechos como la acampada de africanos en la plaza de Catalunya en el 2000, la ocupación de los cuarteles de Sant Andreu en el 2003 o la existencia durante más de siete años del asentamiento masivo de la fábrica de la calle de Badajoz, desalojada hace unos meses, revelan la persistencia de esta marginación social.

Las administraciones han hecho, con escasa coordinación, algunas acciones pero la miseria sigue y en los últimos tiempos incluso crece como revelaron las informaciones publicadas en marzo por EL PERIÓDICO. Después de destapar de nuevo en estas páginas la situación en que viven centenares de personas, se generó un debate político y el gobierno municipal de CiU se comprometió, en respuesta a una pregunta realizada por el PSC y a una petición formulada por ICV-EUiA (ambos partidos en el gobierno local en las últimas décadas), a redactar en seis meses un plan integral.

Acción coordinada

El objetivo es ahora actuar de forma coordinada a partir de las cinco tenencias de alcaldía que tienen incidencia en esta población nómada y marginada y en los ámbitos de la seguridad, la atención social, el urbanismo, la escolarización de los menores y la inserción laboral.

El ayuntamiento afirma que atiende en la actualidad mediante los servicios sociales a 357 de los 460 gitanos portugueses (119 familias) que tiene localizados en un total de 14 asentamientos (11 de ellos concentrados en el distrito de Sant Martí). Entre otras acciones asegura que se escolariza a 138 niños de hasta 16 años. Sin embargo, nada dice hasta ahora de los 190 rumanos y 400 africanos, muchos de ellos sin papeles y sin posibilidades de conseguirlos que viven atrapados en la marginalidad, en una especia de limbo legal y vital.