Actos vandálicos como los de BCN serán terrorismo

Los ministerios de Interior, liderado por Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, que depende de Alberto Ruiz-Gallardón, impulsarán conjuntamente una severa reforma legal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos, como los altercados que se produjeron en Barcelona durante la huelga general del 29-M,

sea equiparado a las penas porkale borroka, la violencia callejera extrema y organizada presente hasta hace poco en el País Vasco, y llamada terrorismo de baja intensidad.

Esta reforma supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a dos años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional si lo consideran conveniente. Ahora, las penas que implican cárcel por vandalismo son de un año. Si se elevan a dos, los fiscales pueden solicitar prisión provisional y, así, los jueces aprobarla.

Fernández Díaz, en declaraciones a TV-3, tachó ayer este cambio legislativo de fundamental, «sobre todo si se vincula al fenómeno de la multirreincidencia, habitual entre este tipo de vandalismo urbano».

El ministro declaró que debe evitarse que Barcelona sea la capital mundial de los antisistema. Defendió que se tomen medidas inmediatas, con vistas al próximo Primero de Mayo o a la celebración de una reunión del Banco Central Europeo prevista en la capital catalana.

El titular de Interior señaló que el objetivo es equipararse a la legislación de Francia y del Reino Unido, «países que no tienen complejos a la hora de preservar la paz pública desde su tradición democrática». Fernández tiene como objetivo dotar de instrumentos jurídicos legales adecuados a la policía, los tribunales, los jueces y los fiscales, «para hacer frente al creciente fenómeno de la violencia de la guerrilla urbana».

DAÑO AL TURISMO / El ministro lamentó que las fotografías de la violencia callejera que han salido destacadas en los medios de comunicación, también en los internacionales, han hecho «mucho daño» a la imagen de marca de Barcelona, de Catalunya y de España. «Pueden perjudicar al turismo y al sector de la hostelería», consideró.

«Hay una gran alarma social y no podemos continuar por la senda delbuenismo», manifestó el ministro.Por ello, su departamento y el de Justicia quieren ultimar el proyecto de reforma legal para que pueda ser aprobado antes del 30 de junio y entre en vigor este mismo año.

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Joaquim Forn, primer teniente de alcalde de Barcelona de CiU y responsable de Seguridad, quiere que se aplique «el máximo de las penas» a los vándalos que protagonizaron disturbios en la huelga general. Pero afirmó que «el ayuntamiento no ve necesario aplicar la ley antiterrorista ya que es suficiente con el código penal». Para Forn, la interpretación del juez debe ser «suficientemente dura» para que estas personas sean apartadas y no puedan cometer este tipo de delitos. Recordó que algunas tienen ya antecedentes penales.

Josep Rull, nuevo secretario de organización de CDC y diputado, calificó de «guerrilla urbana» los episodios de Barcelona. «Con los intolerantes no puede haber límites», sentenció. Jaume Bosch, diputado de ICV, dijo que los operativos delconsellerFelip Puig son un desastre: «El dispositivo del 29-M se vio superado y fracasó». Bosch pidió su comparecencia en el Parlament.