Trias endurecerá las sanciones a los solicitantes de sexo callejero

Cerco a los que solicitan servicios sexuales a cambio de dinero en la calle. Esa es la premisa que movió ayer al gobierno municipal de CiU a apoyar -tal y como avanzó ayer EL PERIÓDICO- la moción del PP por la que se inicia el trámite de modificación de la ordenanza de civismo para prohibir la prostitución callejera. Últimamente esta presión se producía mediante la imposición de mayor número de multas a demandantes que a ofertantes, es decir, meretrices. Pero, ordenanza en mano, el importe de las sanciones era el mismo para unos y otros: 750 euros. En cuanto finalice el trámite, en mayo o a más tardar en junio, las multas a los solicitantes serán considerablemente superiores a las de las prostitutas. En concreto, los importes que ahora mismo se manejan, aunque no están aún decididos, serían de hasta 750 euros para las prostitutas y de entre 750 y 1.500 euros para los clientes. Si se escoge el punto medio de ambas horquillas, las sanciones serían de 375 euros para las meretrices y 1.125 para los solicitantes. Una proporción de 3 a 1.

Considera CiU que la ordenanza debe aplicar un doble rasero. Para las prostitutas tiene que servir para que entren en contacto con los servicios sociales municipales, y para aquellos que demandan sexo mercenario, para disuadirlos, palo económico en mano.

ALEGACIONES CONVERGENTES / Este será el cuerpo de las alegaciones que los nacionalistas presentarán, a lo largo del próximo mes, a la moción del PP aprobada ayer. Dicha moción pide la modificación de dos artículos de la ordenanza de convivencia. En concreto, la eliminación del requerimiento previo a los infractores y, sobre todo, la prohibición de la prostitución callejera en toda la ciudad y no solo en las zonas de exclusión fijadas en el 2006 en la ordenanza (alrededores de escuelas y similares).

En paralelo, el gobierno municipal dio ayer a conocer que a lo largo del mandato aumentará en un 67% el presupuesto destinado a la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (Abits), el organismo que vela por mejorar las condiciones de vida y trabajo de las prostitutas.

El debate en la comisión de Presidencia de ayer fue vivo. Dispuestos los partidos en la formación clásica, izquierda contra derecha, las baterías de PSC, ICV-EUiA y UpB se dirigieron sobre todo contra el PP, el instigador de la moción.

Dos grandes líneas argumentales. Primera: una ordenanza municipal no es el instrumento a utilizar para poner fin a un problema que mezcla la exclusión social con el delito, vía las mafias. Y, en cambio, sí puede provocar mayor marginación. Y segunda: ¿Por que el PP, si desea acabar con la prostitución, no promueve en el Congreso una modificación del código penal?

DERECHO DE LAS FAMILIAS / Por su parte, el PP replicó apelando al «derecho de las familias a poder pasear por Barcelona sin presenciar el mercadeo». CiU, por su parte, recordó su compromiso de erradicar la prostitución y, al tiempo, apoyar a las mercenarias del sexo.

Los jefes de filas de los dos partidos aliados en el tema, el alcalde Xavier Trias y Alberto Fernández Díaz, también suscribieron, claro está, la medida aprobada.

Trias recordó que había dicho «100 veces» que estaba «en contra de la esclavitud del siglo XXI que es la prostitución». Tras defender el aumento de la dureza de las sanciones a los clientes, reconoció que se sanciona a prostitutas porque considera de «sentido común» que no se mantengan relaciones sexuales en la vía pública.

Fernández, por su parte, abogó por una «triple perspectiva». Basada en vehicular esta prohibición a través de los juzgados de guardia para acabar con las mafias que explotan a las mujeres; del uso de los servicios sociales como instrumento para la inserción de las mujeres que ejercen la prostitución y de la imposición de sanciones administrativas para los clientes.

No fueron las únicas voces que se oyeron tras la aprobación de la moción. Así, la asociación Genera de apoyo a las prostitutas acusó al ayuntamiento de continuar sus «políticas persecutorias y de discriminación» hacia las mujeres. Según Genera, el redactado actual «no ha funcionado, no ha tenido el resultado esperado y no ha solucionado los conflictos de convivencia vecinal».

APOYO GREMIAL /En sentido contrario, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona apoyó la decisión municipal. El consejo, que agrupa a 22 gremios que representan a cerca de 20.000 comerciantes, animó al resto de ayuntamientos a seguir la iniciativa de Barcelona y erradicar esta práctica de las calles catalanas.