30 nov 2020

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Fin de una iniciativa municipal pionera

Compuestos y sin registro

Barcelona ha cerrado la oficina de parejas de hecho que permitió dar fe pública de uniones no matrimoniales

El Col.legi d'Advocats dice que recorta derechos de inmigrantes, a los que daba una vía para legalizarse

ROSA MARI SANZ
BARCELONA

De manera tímida pese a la expectativa generada, el Ayuntamiento de Barcelona abrió en abril de 1994 el registro municipal de parejas de hecho, pionero del reconocimiento de la realidad familiar no matrimonial que daba cobertura a uniones entre homosexuales cuando no podían casarse. Han pasado 18 años durante los cuales se ha dado un salto en materia de derechos civiles, algo que, sumado a que se ha detectado que algunos inmigrantes aprovechaban esta vía para formalizar relaciones y acreditar el arraigo en España, ha llevado a varios municipios a suspenderlo. Barcelona, desde el 23 de diciembre, ya no acepta más inscripciones. El Col·legi d'Advocats de Barcelona y la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH), entre otros, presentaron alegaciones alertando de que este cierre recorta derechos, principalmente, de foráneos.

El registro, recuerda ahora Eulàlia Vintró, su impulsora siendo líder municipal de Iniciativa per Catalunya y tenienta de alcalde de Bienestar Social, tuvo un valor más simbólico que real, pero abrió la puerta a la equiparación de los derechos jurídicos de estas parejas con respecto a las casadas, algo que se produjo en 1998. Ese año, en Catalunya, en la línea de los países más progresistas en derechos civiles, entraba en vigor la ley que regula las uniones estables de pareja, sin distinción de sexo.

INICIO TÍMIDO / Pero incluso con ese simbolismo inicial se hacía presagiar un aluvión de registros, especialmente entre la comunidad homosexual, que no tenía otra alternativa para formalizar su relación. No fue así. En los ocho meses que funcionó ese 1994 recibió 173 peticiones, de las cuales solo la mitad de parejas (86) quedaron registradas. Dos años más tarde ni se alcanzó la cifra global de 250, siendo el 88% heterosexuales. «Entre la comunidad homosexual hubo más mujeres que hombres, pero aun así despegó muy despacio», recuerda Vintró, quien importó el modelo que implantó poco antes el alcalde peneuvista de Vitoria José Luis Cuerda, cuyo municipio fue pionero en España.

Ese apagado despegue pudo tener algo de razón de ser en el miedo de diversos colectivos (homosexuales o inmigrantes) de constar en listas de la Administración, asume Vintró. Precisamente por ello, cuenta la filóloga, el ayuntamiento nunca quiso gestionar la información que se recogía en las oficinas municipales, por lo que delegó esa función en sindicatos y diversas asociaciones. Jordi Petit, uno de los primeros activistas de los derechos de los homosexuales de España y presidente honorífico de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, también reconoce ese recelo por la confidencialidad, aunque cree que el principal motivo de la timidez inicial es que no daba pie al reconocimiento de ningún derecho sin el amparo de una ley.

No obstante, la constancia en el registro fue válida en determinadas situaciones que requerirían de una prueba más complicada para certificar una convivencia, como puede ser la declaración de personas (vecinos o compañeros de trabajo), pero dejó de resultar relevante desde que el Parlament aprobó en el 2010 el Código Civil que desmantelaba estas oficinas como vía para la acreditación de parejas, y en vigor del cual la demostración de esa convivencia se puede formalizar con una escritura pública o la hoja del padrón si se tienen más de dos de antigüedad. De hecho, esta la razón que arguye el ayuntamiento para su supresión, lo que ha contado con el visto bueno de todos los grupos, ya que ese registro, asegura en respuesta a las alegaciones presentadas, ya no sirve para acreditar una unión desde el momento en que hay normativa autonómica que lo regula.

Un motivo por el cual el cierre deja «indiferente» a Petit, quien reconoce que «en su momento fue un acto de progreso contra la discriminación». Y pese a que alguna asociación de la comunidad gay presentó alegaciones por su supresión, él asegura que «el grueso del movimiento no se siente ante un acto de homofobia ni agresión», ya que considera que «no se ha perdido nada».

TARJETA NIE / Por el contrario, desde el Col·legi d'Advocats de Barcelona han alertado en unas alegaciones que fueron rechazadas que esta supresión supone un paso atrás en la equidad a la pensión de viudedad para quien se encuentre unido al difunto en el momento de su muerte. También aseguran que vulnera otros derechos, como el adquirido desde noviembre del 2010, cuando gracias a la sentencia del Tribunal Supremo las uniones de hecho entre una persona comunitaria y una extracomunitaria se equiparon a los matrimonios a efectos de solicitar la tarjeta de residencia de familiar de comunitario, con cuya concesión podía desempeñar actividad laboral al disponer de la tarjeta de identificación de extranjeros, el NIE. Algo que llevó, por otra parte, a un aumento del fraude y, posteriormente, a acelerar el cierre.