IRREGULARIDADES

El presunto fraude en el dique Est del puerto se eleva a 40 millones

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EL PERIÓDICO
BARCELONA

El puerto de Barcelona reclamó ayer a la constructora responsable de la ampliación del dique Est de las instalaciones portuarias, la UTE Dique Este, formada por FCC Construcción, Ferrovial-Agroman, Construcciones Rubau y Copisa, la devolución de 40,7 millones de euros, tras aprobar el consejo de administración un nuevo proyecto de liquidación provisional de la obra. Es decir, 25 millones más de los 15 inicialmente calculados por el propio puerto.

En la pasada primavera, tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado 1 de mayo, la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación contra la trama empresarial que está implicada en el presunto fraude cometido durante la construcción de la prolongación del dique Est. La Agencia Tributaria había remitido a la fiscalía los datos sobre una red de presunto fraude fiscal en la que estaría involucrada la empresa Coterras, domiciliada en Barcelona, la proveedora de piedra y material para la construcción del dique, una obra que fue adjudicada en el 2001 por 197 millones de euros.

Las pesquisas pretendían esclarecer si algunas de las facturas giradas por esta mercantil son falsas y no se corresponden con la venta de producto alguno. En aquellos momentos, la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) estaba en conversaciones con las empresas de la UTE Dique Este para pedirles que retornen el dinero de más que se les ha entregado por la sobrecertificación de obra detectada.

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Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la que tiene un mayor porcentaje en la UTE, hacía caso omiso a los requerimientos.

DEMANDA JUDICIAL / Esta actitud es la que ha llevado a la autoridad portuaria a amenazar –tras romperse las negociaciones– con presentar una demanda judicial contra la constructora en el caso que el dinero no haya sido reintegrado en el plazo de 10 días, según explicó la APB en un comunicado. Además, el puerto de Barcelona ha advertido de que demandará a las empresas integradas en la asistencia técnica de la obra por incumplimiento de contrato, y que reclamará responsabilidad civil a los anteriores directores de obra por «daños derivados de su conducta».