Un juez cierra los dos mayores prostíbulos del área de BCN

La medida no tiene precedentes. Un juzgado de Barcelona decretó el viernes por la tarde la prisión sin fianza para Carmelo Sanz León, el encargado del club de alterne Saratoga, en Castelldefels (Baix Llobregat). Sanz está acusado de los delitos de prostitución ilegal, contra los derechos de los trabajadores, trata de blancas y cohecho --soborno--. Tras firmar el auto de prisión, el magistrado ordenó a los Mossos d'Esquadra la entrada, registro y cierre cautelar del citado Saratoga y del club Riviera, sin duda los prostíbulos más populares, concurridos y conflictivos de Catalunya, y los dos situados a banda y banda de la autovía de Castelldefels. Las investigaciones continúan bajo secreto de sumario.

Carmelo Sanz fue detenido el miércoles junto a John Hawer Madrid Angulo, que asumía las funciones de encargado del Saratoga en ausencia del primero. Ese mismo día también fue detenido el director del Riviera, Salah Elasri Malki. Tras permanecer en los calabozos 48 horas, el magistrado decretó la libertad con fianza para los dos últimos, y les mantuvo la imputación por los delitos relativos a la prostitución ilegal, contra los derechos de los trabajadores y soborno. Pero Sanz tuvo distinta suerte e ingresó en prisión sin fianza, avanzó ayer la cadena SER.

SIN PRECEDENTES

El encarcelamiento del director del Riviera --que no propietario-- no tiene precedentes. Hasta ahora, las diferentes investigaciones contra estos negocios se habían limitado a espectaculares redadas e inspecciones que acababan con el traslado a las dependencias de extranjería de mujeres en situación irregular. Y con la imputación del encargado del local por delitos contra los derechos de los trabajadores, pero en ningún caso los responsables de los clubs de alterne ingresaban en prisión.

Cuatro horas después del encarcelamiento de Carmelo Sanz, los Mossos d'Esquadra irrumpieron, de madrugada y simultáneamente, en el Saratoga y en el Riviera. A esas horas, los locales estaban a pleno rendimiento. Con clientes y mujeres en la discoteca y en las habitaciones. Tras la laboriosa identificación de todas las personas que había en el interior --para comprobar que no había requisitorias judiciales pendientes, por ejemplo--, se procedió a un minucioso registro de los locales y a su precinto, de momento, cautelar.

El juez ha convocado para mañana en su despacho a los responsables de los dos locales y a los fiscales anticorrupción que participan en la investigación a una especie de vistilla en la que se examinarán los recursos que los propietarios ya han redactado contra los cierres. Aunque no lo tienen fácil. En sus escritos, el magistrado defiende los precintos porque entiende que, cómo mínimo en el último año, se ha permitido, consentido y alentado la prostitución con mujeres que estaban en situación ilegal en España, e incluso, a sabiendas de que eran obligadas a ello. Acusaciones que se sustentan tras un intenso año de investigaciones en las que el magistrado y los fiscales anticorrupción han trabajado con la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

La estrategia policial contra la prostitución ilegal en los locales de alterne ha estado hasta ahora monopolizada por el Cuerpo Nacional de Policía, concretamente por la UCRIF (la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales). Sus investigadores se habían encargado de las inspecciones y de las redadas. Una estrategia policial que daba sus frutos. Por ejemplo, en septiembre del año pasado se confirmó una multa de 360.000 euros impuesta contra los dueños del Saratoga. Durante una redada en el 2004, la policía y los inspectores de trabajo denunciaron que 58 de las mujeres extranjeras que trabajaban carecían de permisos de residencia y trabajo.