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Un inquilino presenta la enésima querella por acoso inmobiliario en un edificio del Raval

El arrendatario denuncia la connivencia de algunos funcionarios del registro de la propiedad

EFE / BARCELONA

Un arrendatario de un piso de Barcelona presentará una querella criminal por acoso inmobiliario contra los propietarios de la finca en la que vive, a quienes acusa de coacciones y ataque contra la integridad moral. Además, el afectado ha denunciado connivencia por parte de la Administración.

Manel González, que reside en un piso del número 29 de la calle Robador, en el barrio del Raval, está pendiente de una orden de desahucio, prevista para el próximo martes y que ha sido recurrida ante el juez. Esta finca, donde actualmente solo viven siete personas en cuatro viviendas y que cuenta con un local abierto, ha motivado múltiples denuncias por acoso inmobiliario.

González dice ser víctima de los "especuladores psicópatas" y denuncia la colaboración en este fenómeno de algunos funcionarios del registro de la propiedad, a quienes acusa de falsedad documental por no informar de que los pisos que se venden tienen inquilinos, y por no notificar tampoco a los arrendatarios que la propiedad ha sido transferida.

Apoyo vecinal

En rueda de prensa, y acompañado por miembros de diversas asociaciones sociales que le brindan su apoyo, González ha explicado que el primer objetivo de la querella, que se presentará en los próximos días, es suspender el desahucio para después seguir defendiendo sus derechos, entre ellos el de retracto que le permita comprar el piso en el que vive desde hace 22 años.

Las acusaciones de acoso inmobiliario contra los propietarios del inmueble se remontan al 2001 y, desde entonces, la finca ha pasado por cuatro dueños diferentes, aumentando su valor de 400.000 euros en la primera compra a los 1.359.000 en el 2003. Durante este tiempo, se han ido desalojando la mayoría de los veinte pisos y tres locales del bloque.

Tácticas de acoso

Cortes de agua y luz, degradación deliberada de la finca, el abandono de los pisos vacíos llenos de basura, amenazas verbales o la negativa a la hora de cobrar el alquiler a los inquilinos para forzar procesos de desalojo son algunas de las tácticas utilizadas supuestamente por la propiedad de la finca, ahora en manos de las empresas Mancia 2003 y Taravaus 8085, que han pedido la declaración de ruina del inmueble.

Pere Pujol, representante de Arquitectos Sin Fronteras, ha apuntado que el caso de Robador 29 es "un perfecto ejemplo de manual del acoso inmobiliario seguido a rajatabla", ha rechazado las razones arquitectónicas y económicas aducidas por la propiedad para justificar la ruina del edificio, y ha recalcado que el inmueble es rehabilitable.

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