Los vecinos del edificio Venus de La Mina vuelven a la casilla de salida

Paqui Jiménez lleva años convertida en el rostro de la lucha de un vecindario que no se resigna a la injusticia y al olvido. La viva imagen de la dignidad de una comunidad condenada a vivir en los márgenes, en ese agujero conocido como 'edificio maldito' de La Mina. El día antes de la reunión, este jueves, en la que se firmará la nueva hoja de ruta para el enclave, que vuelve a iniciar el proceso de realojo y derribo del macrobloque, lejos de desbordar euforia, Paqui se muestra sobre todas las cosas cansada. La pandemia tampoco ayuda. "Todo tan bonito como lo pintan no es", resume Paqui, quien además de dedicar más horas de las que tiene el día al activismo vecinal y social -esta semana está en el colegio del barrio, que le han pedido que vaya a hablar sobre la mujer trabajadora-, regenta un pequeño bar de barrio a pocos metros del edificio Venus.

Pese al comprensible escepticismo de Paqui -no es la primera vez que la administración anuncia que les realojará y allí siguen, "cada día peor"- este jueves marcará un punto de inflexión. El Consorcio del barrio de La Mina -del que forman parte los ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona, la Diputación y la Generalitat- dejará firmado (es decir, atado) el nuevo plan. El 'conseller' de Afers Socials, Chakir el Homrani, hablaba hace unos días "del mejor de los escenarios". "Hay un compromiso de inversión para poder llevar a cabo el derribo y, lo que es más importante, poder realojar a todas las familias que allí viven", aseguraba el 'conseller', quien anunciaba la apertura inminente de una oficina técnica para trabajar "caso por caso" con todos los vecinos, ya que la realidad "es muy diversa y compleja", apuntaba el 'conseller', quien no se atrevía a dar un calendario, pero sí un presupuesto estimado: 30 millones de euros.

El abismo entre el despacho y el barrio

Pero, "una cosa es tomar una decisión en un despacho y otra, radicalmente distinta, es llevarla a la calle", reflexiona cargada de razón Paqui, quien insiste en que no las tiene todas consigo. Entre otras cosas, por el momento en el que se ha anunciado la decisión, a pocos días de las elecciones. "Nos reunimos y nos dijeron que el 11 lo firmaban, pero papel, no tenemos ninguno, ni información sobre las condiciones. Ellos lo venden como que es que nos han escuchado, pero nosotros llevamos 11 años de guerra y cuatro de litigios que nos han costado un dinero que no teníamos", recuerda.

El gran temor de Paqui es que les quieran utilizar para desalojar los bloques que construyeron en su día para realojarles y que fueron ocupados por terceros tras llevar tiempo vacíos, ya que los vecinos de Venus no pudieron acceder a ellos por las inasumibles condiciones económicas planteadas en el primer y fracaso plan de realojos. El Consorcio decidió entonces, en el 2014, dar marcha atrás, no derribar el edificio. "No vamos a entrar en su juego. No pensamos echar a nadie, nosotros. Echar a esas familias de los pisos sería crear una alarma social en el barrio, algo a lo que no estamos dispuestos", reitera Paqui, quien considera, además, que sería un absurdo. "¿Van a echar a familias vulnerables, a las que tendrán que buscar otro sitio, para meter a otras familias vulnerables? Es un sinsentido", prosigue.

"Los cuentos de hadas no existen y habrá que ver cómo se materializa todo, pero la firma en sí es una victoria", señala David Picó, trabajador la PES La Mina y uno de los motores de Objetivo Venus, proyecto de agitación comunitaria nacido "desde los cimientos del edificio Venus", como se presentaban, que buscaba una sacudida política y mediática sobre el caso, objetivo cumplido con creces. La creación de una nueva oficina técnica para trabajar caso por caso sobre el territorio es también entendido por Picó como una buena noticia, pese a que comprende como nadie la poca (o nula) confianza de los vecinos, ya que se trata de volver a la casilla de salida de un tablero del Monopoly en el que ya han dado demasiadas vueltas.

Suscríbete para seguir leyendo