Mireia Ingla: "Me he encontrado una gestión más que dudosa en Sant Cugat"

Mireia Ingla (La Seu d’Urgell, 1967), licenciada en Derecho y colaboradora de Cáritas desde hace años, logró hacerse con la alcaldía de Sant Cugat en las pasadas municipales con el apoyo de PSC y CUP. Era la tercera vez que se presentaba con ERC y rompía así con 32 años de gobiernos convergentes en la ciudad del Vallès. La primera edil plantea una gestión "transparente y eficiente" como primer reto del mandato, al que añade declarar la emergencia climática, completar la plantilla de la policía municipal y mejorar los servicios sociales.

-¿Cómo ha sido su inicio de mandato?

-Ajetreado. Tras tantos años de gobierno hegemónico, te encuentras grandes dificultades, como una gestión más que dudosa. Hay una serie de facturas que se están pagando sin seguir el procedimiento de la ley de contratos y la Fiscalía del TSJC ha reclamado los expedientes, que hemos entregado a los Mossos y seguramente tengamos que volverlo a hacer.

-En el pleno de su investidura hubo gritos cruzados de "155" -en relación al pacto con el PSC- y de "3%" -como reacción-. Más allá de la anécdota, ¿gritos cruzadospesó más el 3% que el 155

-Lo que seguro que pesó para los tres partidos a la hora de formar gobierno son los objetivos de ciudad para lograr con un gobierno de cambio y buscar soluciones a problemas como la vivienda o la emergencia climática. En todo caso, tras este mes y medio de gobierno, añadiría que toda la gestión incompetente y que no sigue la ley justifica más el cambio.

-¿Cómo se posicionó la CUP al plantear el acuerdo con el PSC?

-Los tres partidos nos pusimos en contacto la misma noche del 26-M, pero no había habido conversaciones previas. Asumimos la responsabilidad de apostar por un cambio en la ciudad. Fueron negociaciones muy intensas que duraron cerca de tres semanas, pero nos pusimos de acuerdo en muchas más cosas de las que estábamos en desacuerdo.

-Hablemos de la apertura del centro de acogida para menores migrantes

-Tenemos una realidad: llegan cerca de 600 menores no acompañados al mes. Es una responsabilidad colectiva dar respuesta a jóvenes que podrían ser nuestros hijos. Cuando el Departament decide que un equipamiento que está en Sant Cugat puede dar salida a esta necesidad inicial de acogida, me parecería de una gran insolidaridad e irresponsabilidad no dar todas las facilidades.

-¿Hay algún plan para evitar disturbios de los vecinos contrarios a dicho centro?

-Estoy convencida de que la mayoría de vecinos consideran que ésta era una decisión necesaria. El centro cuenta con la presencia de los Mossos por un procedimiento de reconocimiento de los menores; también hay un servicio de seguridad privada que vigila estos centros y hemos puesto a disposición efectivos de la Policía Local en caso de ser necesario.

-"Un ayuntamiento es la casa de todos", dijo en su discurso de investidura. ¿Puede su consistorio serlo con una pancarta de 'Llibertat presos polítics'?

-Creemos que sí. Vivimos una situación excepcional, con una represión muy fuerte. Este ayuntamiento tiene una clara representación de partidos independentistas, pero la pancarta también defiende los derechos y libertades de las personas que están encerradas por sus ideas, entre las cuales está el sancugatense Raül Romeva; eso ya justifica la pancarta.

-No todo el mundo lo comparte: la pancarta está llena de manchas de pintura.

-Es de un incidente que ocurrió en una manifestación ultra. Hay gente que no quiere que le digamos que hay personas encerradas por sus ideas; si no les gusta la pancarta, que suelten a las personas encerradas.

-Sant Cugat tiene el tercer alquiler más caro de Catalunya

-Puede suponer un mayor endeudamiento, que no tiene porqué ser negativo. Lo valoraremos. Es una partida que se establecería en los presupuestos de 2020; mientras tanto buscaremos alternativas y elaboraremos ese plan de choque. Queremos que la empresa pública de vivienda, Promusa, trabaje para reducir el número de personas que en estos momentos se ven expulsadas de la ciudad.

-Esperarán a que se apruebe el decreto 5/2019 para aplicar la cesión obligatoria del 30% de nueva obra a vivienda protegida. ¿Es una medida consensuada con sus socios de gobierno?

-Lo es. Ya presentamos una moción al respecto para que se iniciara un estudio, porque entendemos que debe haber una viabilidad económica para todos los agentes implicados, también privados. Miraremos esa viabilidad, a cuántas iniciativas privadas afecta, o usaremos el derecho del tanteo y retracto. Es un objetivo a llevar a cabo, lo que no sé es el alcance que puede tener.

-La mesa local de vivienda no funcionó en el pasado mandato, ¿plantean algún nuevo modelo?

-Volveremos a poner en marcha la mesa una vez tengamos los datos necesarios que nos permitan hacerla efectiva y que dé la oportunidad a los colectivos de proponer soluciones.

-La ciudad tiene activada una suspensión a las licencias de pisos turísticos

-No me atrevo a decir que se esté extendiendo, pero es verdad que tenemos. Puede que sea uno de esos problemas que desconocíamos.