La Mina acoge con "esperanza" la redada contra la droga

Parecía otra madrugada de trasiego en aquellos pisos de La Mina que todos conocen pero casi nadie se atreve a señalar. Pero no, esta vez el deambular no era de adictos arrastrados hasta allí por la tiránica bulimia del mono. Tristemente, el barrio es ducho en la materia y en seguida supo que era noche de redada. Tampoco tardaron demasiado en advertir que no sería una batida policial más. Las cifras hablarán del mayor dispositivo en la historia de los Mossos d’Esquadra, pero para los vecinos lo inusitado fue precisamente la extraordinaria discreción policial pese a su amplísima presencia. “Llevo 40 años en La Mina y la de hoy ha sido una operación espectacular, con más agentes de los que haya visto nunca; sin embargo, todo ha sido rápido y práctico, sin ruido, no ha sido una actuación cara a la galería, como otras veces”, explica Josep Maria Monferrer, miembro de la plataforma de entidades del barrio.

Al salir el sol y conocer que el dispositivo había alcanzado a 70 domicilios de 14 municipios del área metropolitana, las sospechas se confirmaban. “Cuando la policía hace una batida aquí, pero no va al [barrio del] Besòs, o a Santa Coloma o al Baix Llobregat te preguntas de qué va esto, si el puñetazo encima de la mesa es solo para quedar bien ante la sociedad”, añade Monferrer. Pero la magnitud y la manera en la que se ha desarrollado la intervención le hace concebir “esperanzas” de que algo puede estar cambiando por fin.

Una sensación que se va alimentando también con detalles que se suceden en los últimos meses desde los despachos de las autoridades. “La llegada de Ada Colau y su sensibilidad hacia Sant Adrià ha significado un punto de inflexión en la relación con Barcelona, que hasta ahora daba la espalda a la realidad del vecindario”, explica Monferrer. Eduard Fuentes, de la asociación de vecinos del barrio, amplía el foco sobre los cambios de calado político. “Que el PSC perdiera la mayoría absoluta en Sant Adrià le obliga a ser mucho más receptivo a las reclamaciones que le llegan de la calle a través de otras formaciones”, destaca. Fuentes asegura que la “presión” que encaja ahora el alcalde de Sant Adrià, Joan Callau, también le llega desde la Generalitat, “preocupada” por los problemas de seguridad y la “degradación del barrio”. Una inquietud que se entiende cuando advierte de que “la inmensa mayoría de los consumidores” no son vecinos de Sant Adrià.

Monferrer entiende que desde fuera la percepción sea que la de la droga es la principal problemática que sacude a La Mina, pero advierte de que la gran prioridad es la “preocupante tasa de desempleo” y reclama la intervención pública para que los vecinos más vulnerables tengan opciones reales de ganarse la vida dentro de la legalidad. “Un hombre me reconocía que trapicheaba con drogas, pero me preguntaba qué alternativa le quedaba, con tres hijos, sin cobrar ningún tipo de ayuda y con el mercado laboral como está”, explica. De esta forma, el mercadeo de sustancias ilegales se instala en la cotidianidad del vecindario, por sus duras condiciones de vida y por la “inacción de las autoridades”, haciendo de La Mina el “gran supermercado de la droga de Barcelona”.

"Los adictos acuden a cualquier hora del día a comprar su dosis y todo son facilidades. Las porterías donde se trafica dejan las puertas abiertas y si algún vecino la cierra, descuida que alguien la romperá con un mallo”, expone Monferrer. El líder vecinal alberga el temor de que el frágil equilibrio del barrio salte por los aires “y todo acabe reventando” por culpa de la compleja realidad socioeconómica del vecindario y la lacra de la droga.  Por eso, alza la voz y cruza los dedos para que, esta vez sí, las redadas sean “algo más que un golpe efectista para deslumbrar a la opinión pública y poco más”.