El Barça niega que quiera frenar la moción con la denuncia a la Guardia Civil

La directiva del Barça ha metido a la Guardia Civil en los asuntos del club. Cinco firmas sospechosas entre las 20.687 recogidas, de las que 19.532 eran válidas (el 94%) y solo se necesitaban 16.521, han servido para que el cuerpo armado abriera una investigación con el objetivo de esclarecer la existencia de alguna trama delictiva pero, sobre todo, para que se paralizara el proceso de la moción de censura. El club negó, a través del jefe de los servicios jurídicos, que pretenda paralizar el proceso.

Acabado el recuento, solo un juez, a raíz de esa investigación, puede frenar el referéndum por el que los socios votarán sobre el despido de Josep Maria Bartomeu y su junta. El cuadro dirigente debe elegir ahora la fecha de la votación tras terminar el recuento. El plazo para acudir a las urnas, según los estatutos, no puede ser "inferior a diez días hábiles ni superior a veinte" y la convocatoria debe producirse como mínimo cinco días antes del referendum.

Tres papeletas

Habrá papeletas con el sí –"este voto afirmativo significa pedir el cese del presidente y de toda la junta directiva, hecho que comportará la convocatoria de nuevas elecciones", con el no –"este voto negativo significa aceptar la continuación del presidente y de toda la junta directiva hasta la finalización de su mandato"-, y en blanco. Será el tercer voto de censura que se celebra en el FC Barcelobna.

La cancelación de la votación solo se produciría por el agravamiento de la pandemia. La limitación a convocar personas en un recinto cerrado es lo que ha llevado a la directiva a aplazar la Asamblea de Compromisarios del próximo 25 de octubre, donde debía presentar un déficit de 97 millones en el ejercicio actual. Román Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos del Barça, añadió que también puede frenar el proceso un juez.

“No hay impedimento legal para que se pueda celebrar el voto de censura”, afirmó Gerard Figueras, máximo responsable de la Secretaria General de l’Esport. La votación se haría al aire libre. El club ha de presentar un protocolo. “La recomendación es que sea lo más descentralizada posible”, añadió Figueres, abierto a que se establezcan varias sedes para votar.

Román Gómez Ponti, letrado del Barça y antiguo opositor a Joan Laporta, defendió la denuncia a la Guardia Civil. El club, a través del abogado Eloi Castellarnau, procuró que el caso recayera en el teniente coronel Daniel Baena, no tan antiguo azote de los dirigentes políticos independendistas. Gómez Ponti insinuó en Catalunya Ràdio que Figueras podría contravenir una ley de la Generalitat si autoriza el refereendum.

Conexión con la reventa

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“Encontramos cierta conexión entre unos carnets utilizados para la reventa con las posibles papeletas sospechosas. Y por una cuestión económica para gestionar y porque esta unidad ya tenía un conocimiento previo, creímos adecuado acudir a la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil”, reconoció Castellarnau, el inductor de esta idea, soslayando a los Mossos d’Esquadra para que fueran ellos quienes investigaran.

El abogado admitió en Rac 1 que había alertado de 300 firmas sospechosas como “una proyección” de las que podría haber en total, pero solo había 5 sospechosas. Jordi Farré, el firmante de la moción, aclaró que correspondían a cinco miembros de una sola familia. Gómez Pontri negó que el Barça hubiera tramitado una denuncia, sino que solo "puso en conocimiento de la Guardia Civil" la posibilidad de un fraude.