La auditoría del Barçagate absuelve al club

Después de más de cuatro meses de sospechas amplias, la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu se sintió resarcida con la divulgación de la auditoría por el caso de monitorización de las redes sociales. A primera hora de la mañana de ayer llegó el esperado informe de PricewaterhouseCoopers, que niega corrupción en la contratación de los servicios especializados y campañas difamatorias impulsadas desde la directiva. 

La entidad siempre defendió a contra corriente las buenas prácticas en la contratación de los controvertidos servicios de análisis de la conversación digital respecto al club, el llamado Barçagate, destapado en su día por la cadena Ser, y que ha provocado un enorme desgaste a Bartomeu. Este, liberado, realizará hoy un tour mediático de entrevistas, en Catalunya Ràdio y Rac-1.

Confidencialidad

La auditoría al completo se mantiene confidencial y no se hará público, como pedía el exvicepresidente Emili Rousaud. «El documento está sujeto a una investigación judicial y los Mossos ya tienen una copia», señaló  el responsable de servicios jurídicos, Roman Gomez Ponti, que presentó el informe junto a Josep Vives, portavoz del club, después de la reunión monotemática de la junta directiva. La auditoría ha quedado resumida en cinco conclusiones.

1) No se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie.

2) No hubo prácticas corruptas («no hemos detectado evidencias que por parte del equipo directivo haya obtenido beneficio económico derivado de los contratos», dice el informe en alusión indirecta a las acusaciones de Rousaud. «No nos olvidemos de donde venimos. Hubo gente que acusó a personas de esta casa de meter mano en la caja. Eso quiere decir robar y corrupción», apuntó ayer Gómez Ponti. 

3) El valor de los servicios contratados estaban dentro del rango del precio de mercado. El precio justo, según el informe, se encontraría entre los 850.000 y 1.300.000 euros. Se precisa que en la temporada 2017-18 se firmaron seis contratos por un importe anual de 1.107.500 euros y en las dos siguientes se signaron cinco contratos por temporada por valor de 947.700 euros.

4) En este apartado se objeta que no se cumplieron con los protocolos de control interno, aunque se subraya que la junta directiva fue informada en varias ocasiones de la contatación.

5) Los trabajos encargados a las empresas proveedoras no se completaron. Por ello, el valor real de sus servicios sería de 620.000 euros.

La auditori se ha completado después de que se analizaran unos 100.000 correos electrónicos y más de 10.000 informes, se revisaran ordenadores, teléfonos y tabletas. «Hubo acceso ilimitado», subrayó el portavoz Vives en su comparecencia.

Acciones legales

La junta directiva decidió emprender acciones penales contra quienes haya formulado acusaciones falsas y reclamar rectificaciones a los medios que imputaron conductas improcedentes. «Hemos convivido con acusaciones falsas e infundadas sobre este asunto. Aspiramos a restaurar el daño reputacional al club», dijo Vives.

A la vista de la auditoría, la junta apunta a que un informe difamatorio sobre el candidato Víctor Font no fue encargado por el club ni emitido por las empresas contratadas. En ese contexto se produjo, según se desveló, una operación de extorsión a Jaume Masferrer, director del Área de Presidencia, ya denunciado y que el club perseguirá en los tribunales. Masferrer se mantiene apartado de empleo, no así de sueldo. Su futuro se decidirá en próximas reuniones.

El Barçagate provocó que la semana pasada los Mossos d’Esquadra se personaran en el Camp Nou para requerir al club documentación por orden de la jueza de instrucción número 13 de Barcelona tras una denuncia de ocho socios. Eso impedirá dar por cerrada el caso.

Rousaud emitió anoche un comunicado en que resaltaba que «la evasión de los mecanismos y procedimientos de contractación internos del club es un hecho que queda de manifiesto en el informe» y reiteró su petición de que se «depuren responsabilidades».