Badalona destinará 12 millones de euros para instalar 500 cámaras de videovigilancia: "Ojalá poder poner 5.000"

Badalona dio este lunes 2 de junio el primer paso para hacer realidad el despliegue del sistema de cámaras de videovigilancia que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, avanzó a EL PERIÓDICO el pasado mes de octubre. Se trata de unas 500 cámaras (un centenar más que las proyectadas inicialmente) que se colocarán repartidas por toda la ciudad, y con un coste de 12.000.000 de euros. La propuesta de modificación del presupuesto salió adelante con los votos a favor del PP, que ostenta una holgada mayoría absoluta en la corporación badalonesa, y del PSC. El resto de grupos políticos del Pleno votó en contra y, en mayor o menor medida, se mostraron reacios a la propuesta.

El calendario que el gobierno municipal tiene sobre la mesa para tirar adelante la propuesta arrancará con la licitación del contrato, este 2025: "La previsión es adjudicarlo durante el segundo trimestre de 2026, y poner en funcionamiento las cámaras a finales del año que viene", aseguró la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, que abrió el debate en el plenario asegurando que cuando entren en funcionamiento, "Badalona se convertirá en un referente a nivel estatal en seguridad ciudadana".

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Además de la instalación del medio millar de cámaras ―que lo serán tanto de seguridad como de control de tráfico, detalló Agüera―, el proyecto también incluye la construcción de una sala de control en la comisaría de la Guàrdia Urbana, la adquisición de licencias y sistemas basados en la inteligencia artificial y la adecuación de los sistemas de datos, servidores y almacenaje.

"Pondría una en cada esquina"

La localización exacta de las cámaras no ha trascendido (aunque la concejala Agüera ha declarado que se colocarán en todos los barrios de la ciudad), y la decidirá la Guardia Urbana de Badalona y el gobierno local. De hecho, tampoco la cifra del medio millar de dispositivos tampoco está cerrada, sino que quedará confirmada "en unos tres meses, cuando esté finalizado el proyecto".

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Esta "imprecisión" en el proyecto, así como las contradicciones que la videovigilancia genera cuando choca contra el derecho a la privacidad fueron el centro de las críticas de los partidos de la oposición para cargar contra la propuesta, que en general consideraron desproporcionada, tanto por el monto económico destinado como por el número de cámaras a instalar. En su intervención, el alcalde Albiol no se mostró en absoluto preocupado por estos dilemas, y llegó a declarar que, si fuese por él, "pondría una cámara en cada esquina". "Ojalá poder poner 5.000 en vez de 500; a ustedes no les gustaría; pero a mí, sí", sentenció el edil popular.

El PSC, que votó a favor, declaró, en palabras de su concejal Christian Carneado, que la modificación del presupuesto responde más bien a "incorporar remanente de tesorería, proveniente de la liquidación más grande de la historia del presupuesto de la ciudad, por eso venden ideas como si fuesen proyectos, que a día de hoy no existen". Pese a estas reticencias, los socialistas apoyaron la propuesta: "Muchas ciudades tienen cámaras y están contentas porque funcionan muy bien y hay menos sensación de inseguridad", justificó Carneado.

Reproches de la oposición

El líder de ERC en Badalona, Àlex Montornès, recordó que en Sabadell hay 50 cámaras, y en Terrassa (con poco más de mil habitantes más que Badalona), 200. El republicano tiró de ironía para criticar el número de estos aparatos que el gobierno Albiol prevé instalar en la ciudad, que considera desproporcionado: "No sé para qué queremos tener tantas cámaras de videovigilancia, a no ser que sea porque queremos hacer un 'Show de Truman'". Más allá de lo cáustico, Montornès terminó su parlamento aludiendo a que la instalación de las cámaras incide en el delicado equilibrio entre la "seguridad" y "la privacidad" de las personas: "Creo que es bueno que haya cámaras de seguridad, pero estamos sacrificando la privacidad de las personas, y eso la gente lo ha de saber".

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Por su parte, Aïda Llauradó (En Comú Podem) se mostró radicalmente en contra de la propuesta, que tildó de "vendida de moto". Si bien criticó que el gobierno municipal no haya ofrecido más información que el número aproximado de dispositivos a instalar y el montante económico que supondrá, centró el grueso de sus quejas en los "muchos errores que tienen los sistemas de reconocimiento facial que afectan especialmente a mujeres, personas racializadas y gente mayor". Llauradó criticó las aseguró que el proyecto no tiene "ninguna garantía", ya que el sistema de reconocimiento facial "tiene un sesgo que favorece a los hombres blancos, y que hace que las personas con la piel más oscura no sean bien reconocidas".

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Tanto la lideresa de los 'Comuns' como la exalcaldesa Sabater (Guanyem) recordaron que el alcalde Albiol tendrá que declarar ante el juez el próximo 13 de junio, a raíz de la lectura de los datos médicos de una persona sin techo, paciente del hospital municipal, que acabó falleciendo, y por la cual el magistrado ve indicios de un delito de revelación de secretos. "Cómo nos podemos fiar de ustedes si ya han demostrado que no tienen ningún respeto por la protección de datos", se preguntó Sabater, que también centró sus críticas en la decisión del gobierno Albiol de "priorizar" este proyecto ante otras necesidades de la ciudad, de carácter más social. "Les pido que hagan una inversión equivalente en servicios públicos de vivienda", subrayó Sabater.