El juez de Badalona pide un nuevo informe sobre el riesgo para la salud en torno a la fábrica de Tenneco

La causa por supuesta contaminación en torno a la fábrica de pastillas de freno de Tenneco, en Badalona, sigue adelante. El juzgado de instrucción número 3 de Badalona, que escruta si en la planta se ha cometido un presunto delito contra los recursos naturales, ha ordenado a petición de la Fiscalía que se elabore un nuevo estudio sobre el supuesto peligro para la salud que entrañan las emisiones que dispersa la factoría de accesorios para la automoción. La empresa está situada en el polígono industrial Badalona Sud, a corta distancia de viviendas de los barrios de El Remei y Sant Roc y el municipio de Sant Adrià de Besòs.  

En un auto firmado el viernes pasado, el magistrado se dirige a dos investigadores de la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que han estudiado la polución en torno a la planta. En base a los análisis de las muestras de polvo que los miembros de la universidad tomaron en 33 lugares de Badalona y Sant Adrià próximos a la nave, la División de Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra resaltó en un informe dirigido al juez que se descubrieron concentraciones excesivas de partículas de nueve sustancias químicas metálicas en 2023 y 2024 en cinco puntos, dentro de un radio de 200 metros en torno a Tenneco. Se trataba de molibdeno, zinc, cobre, bario, antimonio, plomo, cromo, níquel y estaño. Según destacó la policía, todos ellos sobrepasaban los niveles para preservar la salud.  

Las acusaciones de contaminación en Tenneco derivan en despidos y una huelga indefinida

Ahora, el instructor reclama a los mismos científicos de la UB y la UAB que “realicen un nuevo análisis cuantitativo del riesgo tomando los datos de los puntos que rodean la fábrica de Tenneco”. Las ubicaciones que el juez precisa son las mismas en que se registraron superaciones de los umbrales de protección sanitaria.

A su vez, el juzgado solicita a los dos investigadores que entreguen “los datos obtenidos del análisis cuantitativo del riesgo realizado y que consta en el informe de UB/UAB”. En paralelo, el Ayuntamiento de Badalona firmó un contrato con la Fundación Bosch i Gimpera ―dependiente de la UB― para la realización de un chequeo detallado sobre la contaminación en el polígono Badalona Sud y su contorno. El estudio ―liderado por la UB y en que la UAB colabora― está centrado sobre todo en metales pesados. Se llevan tomando muestras desde enero y se prevé que finalice en septiembre.

Informe contudente

En un atestado duro con la compañía, los Mossos concluyeron que Tenneco ha diseminado presuntamente partículas de “metales hasta superar los niveles genéricos de referencia establecidos por la normativa, los cuales suponen un riesgo cancerígeno inaceptable”. A su vez, un dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INICF) advirtió de un supuesto “uso ilegal de plomo”, prohibido en la fabricación de frenos desde 2004, y del presunto “empleo de sustancias peligrosas” en la producción, en referencia al formaldehído, que se clasifica como cancerígeno. 

Dos días después de conocerse el contenido del atestado policial y el dictamen del INICF, el pasado 28 de marzo, Tenneco solicitó al tribunal que desestimara el proceso penal. Lo hacía, según comunicó la empresa, basándose en que los documentos presentados hasta la fecha por la compañía demostraban, a su tenor, "que no ha habido ninguna infracción de las normativas ambientales y que no existe riesgo para el medio ambiente ni para la salud humana".

Sin embargo, el juez de instrucción ha emitido un auto en que no acepta, por el momento, la petición de la empresa de archivar la causa. Lo hace argumentando dos motivos. En primer lugar, debido precisamente a las nuevas diligencias requeridas por la Fiscalía. En segundo lugar, atendiendo a la "reconocida falta de adopción por parte de la empresa investigada de un plan de emisiones difusas". Es decir, las emisiones que no se canalizan por conductos de extracción, sino que se desperdigan por puertas y ventanas y mediante la ventilación de las instalaciones. Los Mossos ya señalaron esa carencia en su atestado. Además, el juez considera que la empresa no ha acreditado tampoco "la imposibilidad de adopción de dicho plan".

A preguntas de este medio, Tenneco insiste en que "los componentes químicos utilizados en el proceso de producción de pastillas de freno están debidamente autorizados y cumplen con la legislación europea". La compañía entiende que el juez "pospone la decisión" sobre el archivo de la causa y remarca que "continuará colaborando con las autoridades durante todo este proceso, como siempre ha hecho". "La seguridad de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad, y mantenemos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y las comunidades", añade.

Huelga y despidos

Asimismo, si bien el INICF afirmó en su dictamen que los índices de contaminación detectados no vulneraron los “límites establecidos por la legislación”, apreció unas acumulaciones de contaminantes en las inmediaciones de la nave de Tenneco que rebasaban los niveles habituales en un 26%. Además, alertó de que la falta de mantenimiento de los filtros de la factoría “contribuye significativamente a la contaminación por partículas en Badalona”.

También avisó de la posibilidad de que los empleados estén “expuestos” a partículas que pueden contener materias “especialmente tóxicas”, como la sílice cristalina, además del plomo y el formaldehído. Precisamente, CGT, CCOO, UGT y USO mantienen una huelga indefinida desde el pasado lunes en la fábrica de Tenneco en la Zona Franca, también conocida como Federal Mogul. Exigen la readmisión de ocho trabajadores despedidos en la planta de Barcelona y urgen explicaciones a la compañía por la presunta exposición de operarios de la factoría a sustancias nocivas como el amianto, el formaldehído y la arena de sílice durante años. Acusan a la firma de haber incurrido en una presunta "ocultación sistemática" de la “utilización de sílice en los procesos productivos”, lo que juzga como un "hecho de extrema gravedad" que "pone en riesgo la salud de los trabajadores".