Badalona proyecta una ZBE 'made in' Albiol: sin etiquetas ambientales y solo circularán residentes

Se va despejando la incógnita sobre la polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Badalona. Al menos hasta nuevo aviso. El Gobierno popular liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol (PP) frenó en seco la regulación medioambiental al llegar al Ayuntamiento tras haber aprobado el ejecutivo del socialista Rubén Guijarro una ordenanza en el anterior mandato. En el contexto de la gran pacificación del centro histórico de la ciudad, cuyos detalles adelanta EL PERIÓDICO, Albiol planea ahora que la peatonalización completa de la calle Francesc Layret funcione también como la política de ZBE de Badalona, pese a que no está previsto que se rija por la lógica de etiquetas ambientales habitual en este tipo de regulaciones.

Lo afirma en estos términos el alcalde al ser preguntado por si la pacificación del centro computará como 'la ZBE de Badalona'. "Así es: con esta medida asumimos el compromiso que adquirí con la ministra Teresa Ribera [cuando saltaron las alarmas en el Gobierno estatal por su 'frenazo' a la ZBE aprobada bajo la alcaldía de Guijarro]", ratifica Albiol. De hecho, el teniente de Alcaldía de Territorio y Sostenibilidad de Badalona, Daniel Gracia (PP), denomina formalmente la restricción "Zona de Ultrabajas Emisiones", en el sentido de que vetará la circulación a todo vehículo que no sea de residentes empadronados en el barrio, de servicios específicos o de carga y descarga.

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Sólo habrá esas tres excepciones generales, además de los habituales permisos excepcionales que aplican en cualquier otra ZBE. El Ayuntamiento de Badalona proyecta así una 'ZBE made in Albiol', con la óptica propia del alcalde: no prevé que se restrinja el tráfico en función de las habituales distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), sino en función de la prioridad para residentes. Por consiguiente, si un vecino acredita su empadronamiento, podrá circular por mucho que conduzca un vehículo sin etiqueta ambiental, uno de los más contaminantes. Contrastará con las ZBE del entorno, Barcelona o Sant Adrià de Besòs por ejemplo, donde son los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental, los que son vetados.

Albiol defiende abiertamente su propuesta: "Conceptualmente, la prohibición de circulación se entenderá por no poder acceder a una zona peatonal, pero no se limitarán los vehículos en función de su etiqueta ambiental". El edil confirma también que, como en cualquier otra ZBE, habrá control por videovigilancia y sanciones, aunque todavía no está concretado el importe. ¿Cuándo sancionará Badalona? "Desde el principio; habrá un breve plazo de adaptación progresiva, pero no tardaremos dos años en multar", rubrica el regidor.

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La restricción a la circulación badalonesa ocupará una superficie de 250.000 m² en el barrio del Centre —delimitada por la riera de Matamoros al norte, la avenida Martí Pujol al sur, la calle de Francesc Layret y la fachada marítima— y de otros 130.000 m² en el barrio de Dalt de la Vila —englobada por el lateral de la C-31, Martí Pujol, Via Augusta, la avenida del President Companys y las calles Termes Romanes, Laietània, del Mestre Antoni Nicolau—. En superficie, equivale a un 1,8% de la superficie total de Badalona, que en total alcanza los 21,18 km². Si se tiene en cuenta solamente la superficie urbanizada de la ciudad (unos 11 km², aproximadamente), el porcentaje crece hasta el 3,4%. El decreto catalán ZBE estipula que la zona con circulación restringida debe ocupar una superficie mínima del 25% de suelo urbano residencial, aunque el Govern flexibilizó este criterio para "buscar alternativas" si las ciudades no llegan a ese mínimo progresivamente en cuatro años.

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El interrogante es si, pese a no usar las distintivos ambientales y las reglas comunes, la regulación de Badalona será considerada una ZBE al uso. En el entorno de la capital catalana, es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la administración que coordina las políticas de ZBE en los municipios. Consultadas por este diario, fuentes conocedoras de estas regulaciones aseguran que el papel del AMB es ofrecer apoyo a los municipios y que no corresponde al ente la legitimación de si una regulación determinada cuenta o no como ZBE. Está por ver, en función de la letra pequeña del proyecto, qué soporte brinda la administración, por ejemplo incluyéndolo en el Registro Metropolitano de Vehículos.

Lo que está fuera de duda es que Badalona se ha comprometido a poner en marcha una ZBE durante este 2025. Esta asunción ha ocurrido en el contexto de las ayudas estatales al transporte público, condicionadas a que las ciudades activen sus ZBE, como adelantó este periódico. Todas las ciudades integradas en el AMB, Badalona incluida, han asumido documentalmente el compromiso de implantar una ZBE para poder acceder a las subvenciones. En el caso de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, la financiación en juego asciende proporcionalmente a unos 3,5 millones de euros.

En su momento, Albiol ya puso la presión sobre la ZBE de Badalona en el tejado del AMB y el RACC, a los que encargó sendos informes. Fuentes de su ejecutivo afirman no contar todavía con estos informes para avalar la regulación medioambiental. Sí consideran que la idea es que la pacificación de Francesc Layret funcione como 'semilla' a partir de la cual se extienda progresivamente la 'mancha de aceite' de la ZBE por el término municipal badalonés durante los próximos años. Todo ello sin dejar de tener en cuenta las reticencias del ejecutivo badalonés, que tiene estudiada a la C-31, y no la trama urbana, como el principal foco de contaminación en la ciudad. De hecho, Albiol llegó a hacer público que llevaría a los tribunales el decreto catalán de ZBE.

La necesidad de los citados informes de impacto económico de las ZBE en las ciudades fue puesta encima de la mesa por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anuló por este motivo y otras razones de forma las regulaciones de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Esplugues, Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat. Estas dos últimas ciudades trabajan en una nueva versión de sus ordenanzas, como ya hicieron Barcelona y Sant Adrià, para volver a poner en marcha la medida tras el revés judicial a lo largo de este 2025.

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