Última sesión

Visto para sentencia el juicio del 'Caso Antenas' de Badalona: las defensas tildan de "sospechas" la acusación de Fiscalía

Los letrados han insistido en señalar la culpa del departamento de Patrimoni y de la empresa MSR para descargar la responsabilidad de Vizcaíno, Salvà y Duran

'Caso Antenas' en Badalona: Fiscalía retira la acusación contra los exconcejales Jurado (PP) y Lladó (ERC)

Fachada de la Audiencia de Barcelona

Fachada de la Audiencia de Barcelona / LAURA SERRAT

Gerardo Santos

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El juicio del 'caso antenas' ha quedado visto para sentencia tras la exposición de los informes de las defensas de los acusados Josep Duran (exjefe del servicio de licencias, obras y actividades del Ayuntamiento de Badalona durante el mandato de Dolors Sabater), Tomás Vizcaíno (exconsejero delegado de Engestur) y Xavier Salvà (exdirector de Urbanismo), estos dos últimos, durante el primer mandato de Xavier Garcia Albiol.

Los tres abogados han pedido la absolución de sus patrocinados, han insistido en señalar la responsabilidad del departamento de Patrimonio en la falta de regulación de las antenas de telefónia de la comisaría de la Guàrdia Urbana de Badalona y han criticado la acusación de la Fiscalía por, según su criterio, basarse en meras sospechas e incertezas.

El letrado de Salvà ha centrado el inicio de su alocución en el correo electrónico que la exresponsable del departamento de ordenación de infraestructuras de Vodafone, Pilar Duque, envió al exjefe de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Badalona José Rodríguez el 12 de julio de 2012, alertada por el problema de falta de cobertura que afectaba a la zona de la ciudad donde se acabaron poniendo las antenas. En la misiva, el abogado explica que Duque le pide a Rodríguez el contacto de "alguna persona de Patrimonio" para tirar adelante la instalación de la estación base. El letrado ha señalado que la respuesta fue rápida y que las antenas se empezaron a colocar pocos días después.

Por todo ello, el abogado asume que a Xavier Salvà "lo puentearon". El motivo que arguye, los expedientes de la misma Vodafone y de France Telecom de 2008 y 2009 en que las compañías se interesaban por colocar sendas antenas en la misma zona y que quedaron en nada al no concederse los permisos. "Aquellos expedientes resultaron fallidos porque un honesto funcionario del Ayuntamiento de Badalona llamado Xavier Salvà suspendió el trámite".

En la exposición del letrado de Salvà no han faltado las menciones al testigo más referenciado de todo el proceso, Miguel Ángel Sánchez, trabajador de la empresa MSR, subcontratada por Engestur inicialmente para la realización de un inventario de las antenas en la ciudad (según explicó el mismo Sánchez en su testifical), pero que acabó siendo la persona de referencia del Ayuntamiento para relacionarse con las compañías telefónicas. Si bien el testigo aseguró haberse reunido con Salvà para instarle a regularizar la situación de las antenas, el letrado y el acusado negaron que tal reunión tuviese lugar.

Imagen de la última sesión del juicio del 'caso antenas'

Imagen de la última sesión del juicio del 'caso antenas' / G.S.

El abogado del exconsejero delegado de Engestur Tomás Vizcaíno ha insistido en que su representado "nunca autorizó la instalación de las antenas, ni tenía competencia para ello" y ha reducido su participación en el asunto a preocuparse de posibilitar la entrada de trabajadores de las telefónicas al recinto de la comisaría para cuidarse del mantenimiento de las antenas (con la ayuda de Sánchez). Más allá de eso, ha aseverado el letrado, "el tema quedó delegado a Miguel Ángel Sánchez de MSR y Vizcaíno quedó totalmente desvinculado".

Los descargos de culpa en el trabajador de MSR han ido más allá: "Miguel Ángel Sánchez falta a la verdad o se equivoca cuando dice que los correos electrónicos se los enviaba a Tomás Vizcaíno, esos correos no están en la causa y no hay prueba de ello". El letrado ha recordado que Sánchez declaró durante la instrucción del caso como investigado.

Por su parte, la abogada de Josep Duran ha señalado que la regularización de las antenas fue un problema heredado por su representado desde 2012, y que no tenía competencias en el servicio de disciplina y sanciones. "Si ha tenido más intervención que otros técnicos del ayuntamiento es por su vocación de servicio público y porque siempre intentó solucionar el problema".

Así, y en la línea de lo sostenido en la sesión del martes por las defensas de Albiol, Jurado y Lladó, las responsabilidades por la obligatoriedad de haber regulado la presencia de las antenas han vuelto a caer en el departamento de Patrimonio. La letrada de Duran ha acusado al que fuera responsable de dicho departamento (Jordi Crisol, que testificó la semana pasada) de mentir: "Patrimonio no hizo caso al encargo de hacer las gestiones necesarias para poner solución al problema".

Por último, los letrados de Vodafone y de Telefónica, empresas encausadas como responsables civiles partícipes a título lucrativo, han insistido en que las antenas se colocaron para solucionar un gran problema de cobertura en la ciudad que suponía una "situación crítica". El letrado de Telefónica ha sostenido que la situación de su antena era completamente regularizable y el de Vodafone ha señalado que de las testificales se ha podido inferir que la compañía siempre quiso regularizar la situación de las antenas.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, no ha querido hacer uso de su derecho a un último turno de palabra y se ha limitado a decir que se siente "completamente identificado" con su declaración y con el argumento de su abogado. El resto de los acusados tampoco ha hablado.

El juicio del 'caso antenas' queda así visto para sentencia. Tras la renuncia de la Fiscalía a la acusación de los exconcejales Oriol Lladó (ERC) y Miguel Jurado (PP); esperan conocer en unas semanas el fallo del tribunal el alcalde Albiol, el exdirector de Urbanismo Xavier Salvà, el exconsejero delegado de Engestur Tomás Vizcaíno (ambos en la primera etapa de alcalde de Albiol) y el exjefe del servicio de licencias durante la alcaldía de Sabater, Josep Duran. Están acusados de delitos de prevaricación urbanística y medioambiental y se enfrentan a penas de dos años y diez meses de prisión.

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