Badalona lleva al Tribunal de Cuentas un contrato irregular de García Albiol

El Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas supuestas irregularidades en el contrato del banco de alimentos adjudicado a la Cruz Roja al inicio de la pandemia, en la etapa del popular Xavier García-Albiol, lo que ha generado una factura pendiente de 2,17 millones.

En un informe jurídico, al que ha tenido acceso Efe, el Ayuntamiento acuerda trasladar al Tribunal de Cuentas el expediente vinculado a esas supuestas irregularidades, que permitieron que, una vez finalizado el estado de alarma, la Cruz Roja siguiera prestando el servicio de banco de alimentos a familias necesitadas sin contrato que lo amparara ni prórroga del mismo.

Ante esa situación, el Ayuntamiento ha acordado declarar la nulidad de pleno derecho del servicio que se prestó sin prorrogarse el contrato, entre 21 de junio de 2020 y 30 de noviembre de 2021, cuyo importe asciende a 2,17 millones.

Un decreto dentro del procedimiento de excepcionalidad

La adjudicación bajo sospecha tiene su origen en un decreto de alcaldía de 22 de abril de 2020 que contrató a la Cruz Roja para los servicios de adquisición y distribución de alimentos a familias en riesgo de exclusión de la población, amparándose en el procedimiento de excepcionalidad previsto en el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

El contrato, añade el informe jurídico, no se publicó en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Badalona y, aunque en mayo de 2020 el departamento de Programas de Acción Social del consistorio detectó un aumento de usuarios del servicio, no consta que se acordara esta modificación por parte del órgano de contratación.

No obstante, el pleno municipal aprobó en junio de 2020 varias modificaciones de crédito que incluían un incremento presupuestario de 90.800 euros para hacer frente a los gastos del banco de alimentos.

Necesidad de acreditar los motivos "técnicos y temporales"

El informe remitido al Tribunal de Cuentas sostiene además que, aunque la contratación de emergencia durante el estado de alarma tenía base legal, en el expediente del servicio adjudicado a la Cruz Roja se deberían haber acreditado los motivos "técnicos y temporales" que obligaban a recurrir a esa entidad, que no consta que fuera la única que estuviera en disposición de prestar el servicio del banco de alimentos.

Pero la principal irregularidad que denuncia el informe jurídico se concentra en la etapa posterior al 21 de junio de 2020, final del primer estado de alarma, cuando Cruz Roja siguió prestando el servicio del banco de alimentos sin que conste que se prorrogara el contrato de emergencia o se tramitara uno nuevo. "A partir del 21 de junio de 2020, se produjo un nuevo contrato que prescindió absolutamente de las reglas de contratación pública", concluye el informe.

Además, según el dictamen, tras el estado de alarma el consistorio no podía licitar el servicio del banco de alimentos, al no estar incluido entre sus "fines institucionales". En ese sentido, alerta el informe de que el banco de alimentos no es una competencia propia de los entes locales y que, si bien al inicio de la pandemia podía entenderse como una "solución puntual" vinculada al estado de alarma, no debía constituirse en un "servicio de carácter estructural y permanente".

Según el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, el servicio prestado por la Cruz Roja "podría generar responsabilidad contable de quien por acción u omisión hubiera provocado esa situación".

Casi un año sin enderezar la situación

El informe resalta como "especialmente preocupante" que desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2021 "desde el servicio gestor del contrato irregular no se llevara a cabo ninguna actuación para enderezar esa situación hacia un contrato público que cumpliera con los procedimientos y principios" de la ley.

En septiembre de 2021, poco antes de la moción de censura que desalojó a García Albiol de la alcaldía por su supuesta implicación en los llamados "papeles de Pandora", el Ayuntamiento de Badalona inició los trámites para crear el servicio público de suficiencia alimentaria, dado que el consistorio carecía de él hasta entonces y tampoco tenía competencia propia para prestarlo fuera del estado de alarma.

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