Creu Roja cierra su Banco de Alimentos en Badalona por acumulación de impagos del Ayuntamiento

La Creu Roja del Barcelonès Nord cerrará su Banco de Alimentos en Badalona el próximo 30 de noviembre. Así lo confirman a este diario fuentes de la entidad, que explican que se debe a “un tema legal sin resolver” que “no nos permite continuar con esta labor” que iniciaron a petición del Ayuntamiento de Badalona durante el primer confinamiento por el covid-19.

El concejal de Protección Social a las Personas y tercer teniente de alcalde, David Torrents, señala que la decisión de Creu Roja de cerrar el Banco de Alimentos se debe a que, tras finalizar el mes, el consistorio deberá a la entidad más de dos millones de euros por un cúmulo de facturas impagadas desde junio de 2020, durante el mandato del popular Xavier García Albiol.

En la misma línea que ya adelantó Badalona Comunicació, Torrents explica que el banco se creó nada más empezar la pandemia como medida de emergencia y que se pagaron los servicios de la entidad durante los cuatro primeros meses, pero que en julio de 2020 se tenía que hacer una licitación y un contrato para este servicio que nunca se llegó a hacer. Por su parte, la concejala del PP Cristina Agüera remarcó el pasado jueves en la tertulia de Badalona Matí que, tras pagar las facturas de los primeros meses, “se ha seguido dando este servicio”, pero que la intervención municipal “no estaba de acuerdo con algunas facturas de este servicio” y que se pidió una auditoría para estas.

“Es un tema técnico, a partir de aquí, estas facturas tienen que seguir el proceso administrativo, que es lo que nos pidió la intervención para poder proceder con su tramitación”, concluyó Agüera.

Más de 1.000 familias atendidas

Según remarcan desde Creu Roja, el Banco de Alimentos de Badalona está atendiendo a más de 1.000 familias vulnerables de la ciudad e inciden en que, para que este servicio pueda continuar, “es necesario que el Ayuntamiento encuentre la fórmula legal para dar cobertura al mismo”.

Por su parte, el concejal de Protección Social a las Personas, David Torrents, señala que la semana que viene tienen prevista una reunión con la entidad para abordar el tema y que, en caso de no encontrar solución, el tema puede terminar en la Comissió Jurídica Assessora para que esta dictamine si el Ayuntamiento tiene que pagar o no a Creu Roja.

Colateralmente, explica, el gobierno local ha llegado a un acuerdo para derivar a unas 300 de las familias vulnerables que hasta el 30 de noviembre reciben atención del Banco de Alimentos a Cáritas y que están trabajando para derivar a otras familias a otros bancos de alimentos de la ciudad y parroquias para que puedan seguir recibiendo atención. “Nadie se quedará sin servicio”, asevera el tercer teniente de alcalde.

“La idea también es mirar de disminuir el número de lotes de alimentos y dar a las familias tarjetas monederos para que puedan comprar los alimentos que ellos prefieran. Así, por ejemplo, también pueden comprar carnes u otros productos frescos, a los que con los lotes normalmente no puedes acceder, remarca Torrents.

A su vez, el gobierno local dice que trabaja ahora para poner en marcha un comedor social de cara a principios de 2022, aunque sin especificar aún las fechas.

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