Un informe alerta de que el Estado podría intervenir el Ayuntamiento de Badalona por incumplir el pago a proveedores

La Intervención del Ayuntamiento de Badalona ha emitido un informe donde alerta de un "incumplimiento flagrante" del periodo medio de pago a proveedores, que en abril de 2021 se situaba ya en 210 días, cuando el máximo que fija la normativa es que sea de solo 30 días.

La situación no es nueva y ya se dio un toque de alerta al consistorio hace dos años. En los últimos meses, sin embargo, la situación se ha descontrolado y el aumento de los plazos de pago ha sido exponencial.

"El problema no es una falta de recursos, sino un grave problema de gestión" que se arrastra desde hace tiempo, según recoge el informe. Intervención avisa de que, si no se revierte la situación, el Estado podría acabar interviniendo el Ayuntamiento reteniendo los ingresos para pagar facturas pendientes.

Por su parte, el Gobierno local ha atajado la alarma generada por el citado informe en un comunicado en el que desde la institución se afirma que, en una reunión con la Conselleria d'Hisenda de la Generalitat, "se concluyó que en ningún caso estaba sobre la mesa una intervención, ya que ésta sólo se plantea en casos en que las administraciones tengan problemas financieros, situación que no es la del Ayuntamiento de Badalona", aludiendo así a una "situación económica totalmente saneada".

Retrasos en los pagos desde 2019

En 2019 la Intervención municipal ya alertó al entonces gobierno socialista del incumplimiento de los plazos de pago de facturas a proveedores, que se situaba en ese momento en un plazo de unos 120 días. Con el cambio de gobierno, Xavier Garcia Albiol (PP) ordenó tramitar todas las facturas pendientes para poner al día los pagos, pero el incumplimiento ha continuado multiplicándose.

En este sentido, el informe de Intervención también apunta que la "gravedad" del incumplimiento se ve acentuada porque ha ido "empeorando" con el paso de los meses: "Es necesario que el alcalde establezca los mecanismo para cambiar esta situación por las graves consecuencias que puede tener ". En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Badalona pagaba ya a 197 días y en abril de este año el plazo ha llegado hasta los 210 días.

El informe de Intervención también reprocha al consistorio que no haya sido "capaz" de situar el periodo medio de pago "dentro del periodo legal" a pesar de disponer con más de 184 millones de euros de tesorería. También avisan de que la situación se está alargando "desde hace mucho tiempo" y que, si no se ponen soluciones, el Estado podría "retener" recursos al consistorio para hacer frente a las obligaciones de pago pendientes.

"El origen del problema que sufre el Ayuntamiento respecto al pago a proveedores, y que desde el Gobierno municipal se está resolviendo, se remonta al año 2017", explican fuentes del ejecutivo de Badalona, que acusan a los anteriores gobiernos de pagar facturas de contratos sin vigencia "de forma habitual". Ante la citada situación, "el Gobierno del momento decidió dejar de pagar las facturas, pero tampoco licita los contratos que estaban vencidos, lo cual comienza a generar la acumulación de facturas impagadas", resuelve la administración.

Reproches cruzados

El pasado mes de febrero, el gobierno de Xavier Garcia Albiol explicaba que había pagado más de 6.000 facturas en nueve meses por valor de 11,7 millones de euros, correspondientes a pequeños y medianos proveedores. Albiol acusaba los anteriores gobiernos de la situación y prometía bajar de forma "exponencial" los plazos de pago a través de la tramitación de facturas pendientes con grandes empresas.

El concejal de Hacienda de Badalona, Juan Fernández, sitúa la raíz del problema en el año 2017, cuando el gobierno de Dolors Sabater (Guanyem Badalona) paralizó el pago de facturas a todos aquellos servicios con contratos caducados. "No hay un problema financiero, pero esto ha acumulado años de facturas sin pagar", afirma Fernández. El concejal asegura a finales de verano el plazo se reducirá sustancialmente.

Fuentes del gobierno Sabater niegan que el origen del problema esté en su gestión de la hacienda municipal. De hecho, recuerdan que durante su mandato el plazo de pago a proveedores estaba "controlado". Según los datos abiertos del Ayuntamiento, entre 2014 y 2018 las facturas se pagaban, en promedio, entre 60 y 80 días. "Si se ha descontrolado tanto es que hay algo más", afirman.

También desde el PSC, que comandó el Ayuntamiento entre 2018 y 2020, rechazan la argumentación del concejal popular. Los socialistas aseguran que las facturas con contratos caducados se podían seguir pagando, primero a través de los reconocimientos de crédito y después de un cambio normativo a través de la revisión de oficio de la Generalitat: "Es un proceso más lento pero en un año no han hecho nada y ahora el Ayuntamiento hace aguas por todas partes ".

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