La lucha contra la pobreza

Las ayudas al sur de Badalona caen en el olvido político

Pancarta contra la degradación de Sant Roc, dirigida al alcalde de Badalona, Àlex Pastor, en un edificio del barrio

Pancarta contra la degradación de Sant Roc, dirigida al alcalde de Badalona, Àlex Pastor, en un edificio del barrio / periodico

Elisenda Colell

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Tiene 13 años de vida, pero desde hace uno su tarea es prácticamente inexistente. Se trata del Consorci Badalona Sud, una unión de administraciones –Ayuntamiento y Generalitat– nacida en el 2006 que tenía por objetivo acabar con la exclusión del barrio de Sant Roc y alrededores (Artigues, Congrés, El Remei y La Mora). El ente nació con siete trabajadores y 1,2 millones de euros. Ahora solo queda un asalariado y la inversión ha caído a la mitad. Las entidades de la zona aguantan al pie del cañón, conscientes de que la dejadez de funciones solo les permitirá poner parches a un barrio que necesita un nuevo armario.

«Somos una gota de agua y necesitamos un tsunami», clarifica el director de la Fundació Ateneu Sant RocSalvador Figuerola. Esta entidad lleva decenios ofreciendo oportunidades gracias al voluntariado y las donaciones de particulares. Fue una de las que impulsaron la creación del Consorci Badalona Sud, recogiendo firmas por toda partes a principios de los 2000. «Hay que crear oportunidades y solo podremos dar la vuelta a la situación si Administración, entidades y vecinos vamos a una», añade Figuerola. Una apreciación que comparten varias oenegés del distrito. 

La idea con la que se fundó el ente es más que inspiradora. Asociaciones, servicios sociales, sanitarios, profesores, residentes y técnicos comparten diagnóstico, trazan un camino a seguir, impulsan proyectos a largo plazo para poner fin a los problemas concretos que desembocan en la exclusión. Lo importante: la participación vecinal y disponer de un presupuesto estable que facilite no tener que estar pendiente, año tras año, de las subvenciones.

Radiografía clara

La radiografía es clarísima. Según datos que publicó el mismo consorcio en el 2017, el paro en el distrito es el más alto de la ciudad. El absentismo escolar en la educación primaria es del 40%, y en la secundaria, del 60%. En el 20% de las viviendas viven hacinadas más de cinco personas. Ya en el 2008 varias entidades alertaron de que el consorcio no funcionaba: se cuentan por  decenas los proyectos que no han durado más de dos años o que han seguido pero con fondos recortados. «No era esto, así no podemos trabajar», señala Figueroa.

Los ejemplos son múltiples y variopintos. Uno de ellos es el proyecto contra el absentismo escolar, que se asignó a la <strong>Fundació Carles Blanch</strong>. Día tras día, un educador esperaba en la puerta de cada centro educativo. Registraban la asistencia de los niños y se acercaban a la realidad de las familias para tratar de convencerlas de que sus hijos debían ir a clase. Porque los factores son varios. «Hay motivos de salud relacionados con la falta de suministro y el estado de la vivienda, otros culturales y otros directamente relacionados con la falta de empleo. Hay familias que no saben qué van a comer hoy y no pueden pensar en las jornadas escolares de sus hijos», explica Grau Usetti, director de la fundación. A los dos años de ponerlo en marcha, el proyecto fue perdiendo presupuesto y la entidad finalmente tuvo que despedir a los educadores.

Otro caso son los dinamizadores de escaleras. El plan era acercarse al día a día de los vecinos, tratar de resolver sus necesidades y a la vez mediar en los problemas de convivencia. También acabó muriendo. Como el proyecto de acogida a los recién llegados. El abogado que lo coordina, Albert Parés, ha visto cómo  en tres ocasiones el servicio ha sido paralizado. El último paréntesis, este septiembre. «Nos dijeron que no había fondos, así, de un día para otro», critica. Como consecuencia, cientos de personas que llegaban cada mes no han podido finalizar sus trámites. Permisos de residencia, de nacionalidad y trabajo que han caducado porque los plazos han terminado. 

El portavoz de la plataforma Sant Roc Som Badalona, Carles Sagués, insiste en señalar la vivienda como uno de los grandes problemas a resolver. «La gente se ve obligada a ocupar pisos porque la lista de espera de una vivienda de emergencia es de hasta tres años». Atienden a vecinos que, si tienen un sueldo, no llega a los 800 euros y que se ven obligados a pinchar la luz. Los desahucios están a la orden del día. En solo 16 días de noviembre, la entidad tuvo constancia de 24 desahucios programados. 

Desidia generalizada

La sensación general es de desidia. De que los políticos, buscando resultados a corto plazo, han desistido. Que el barrio, si alguna vez llegó a importar, ha dejado de hacerlo. Sin gerente, ni administrativo, nadie sabe cómo se podrá justificar el año. Y la única trabajadora del consorcio, una técnica de ocupación que queda en el servicio, hace lo que buenamente puede. 

Las entidades sociales no tiran la toalla. Siguen en la trinchera. Ofreciendo espacios de crianza para madres, a veces solas y adolescentes. Impartiendo clases de lengua y formación básica a mujeres inmigrantes. Dando de desayunar, comer y cenar en los centros educativos a los niños cuyos padres no pueden permitirse una dieta saludable. Creando proyectos de mentores para acompañar a los niños en el refuerzo escolar. Y un largo etcétera. Pero reclaman unas administraciones que respondan. Y que esta vez sea la definitiva para que el consorcio y el barrio levanten cabeza. 

Reproches mutuos y promesas de futuro

El Consorci Badalona Sud está encabezado por el ‘conseller’ de Afers Socials y el alcalde de Badalona. Preguntadas por el asunto, ambas administraciones coinciden en acusar a la otra de dejadez de funciones y prometen volver a insuflar recursos al ente el año que viene. Sin embargo, la inversión prometida en sus inicios, de dos millones de euros, nunca ha llegado a existir.

Las primeras bajas de personal que no fueron cubiertas en este organismo datan del 2010. Técnicos de salud y de género. Pero lo más grave ha sucedido este año. A finales del 2018, la gerente dejó su puesto. Pocos meses después, ya en el 2019, hizo lo mismo la responsable econòmica. Después del verano. La técnica del ámbito socioeducativo, y en octubre, el técnico de Comunidad y Convivencia cogió una baja. Ninguno de estos puestos ha sido cubierto. Ninguno. De hecho, en el último año el plenario del consorcio solo se ha reunido en dos ocasiones. La última, el 22 de octubre. Y en ambas citas se echó en falta al 'conseller' de Afers Socials, Chackir el Homrani.

La Generalitat culpa al ayuntamiento. “En cuanto se fue la gerente, nosotros avisamos al ayuntamiento de que debía tomar medidas, pero nos respondieron que esto se resolvería pasadas las elecciones”, reprocha el secretario de Afers Socials de la Generalitat, Francesc Iglesies. La 'conselleria' cree que el único responsable de esta dejadez es el gobierno local, que encabeza el socialista Àlex Pastor. “A diferencia del Consorci del Barri de La Mina, Badalona Sud está adscrito al ayuntamiento, son ellos quien deben abrir la convocatoria de plazas para reponer trabajadores y aun con nuestras advertencias lo han hecho muy tarde”.

Cuestión de dinero

“Esto es mentira”, clama la actual concejala de Servicios Sociales de Badalona, Aïda Llauradó. Y aclara que en septiembre, con el nuevo gobierno constituido y pasado el verano, pidió al interventor municipal la apertura de la convocatoria de plazas de funcionarios para el consorcio. “Me respondió que el ayuntamiento no puede abrir la convocatoria, debe ser el mismo consorcio, o sea, las dos administraciones”. También recalca que la inversión de la Generalitat para este año llega con 11 meses de retraso. “Afers Socials quería pagarnos con subvenciones, no poner el dinero en la cuenta”, señala. Y el secretario responde: “Lo que no haremos es poner dinero en un organismo si no hay trabajadores para que lo ejecuten”.

Finalmente, en el último plenario del consorcio, el 22 de octubre, se convocaron las oposiciones a nuevas plazas, y el Govern ya ha empezado el trámite de sus pagos. Todos son partidarios de no dejar morir este ente. “El barrio lo necesita”, coinciden. Pero proponen un cambio de estrategia y de planificación. La realidad es que, en los últimos 13 años nunca se ha llegado a la aportación de dos millones que se prometió cuando se creó. De hecho los recortes han reducido el presupuesto de este ente en el 60% de la inversión, según expuso la misma gerente en un acta de abril de 2018

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