El fiscal acusa a los ediles de Badalona de ser "conscientes de desobedecer" el 12-O

El juicio a los seis concejales de Badalona que abrieron el Ayuntamiento el 12-O de 2016 ha quedado visto para sentencia después que el fiscal haya mantenido su pena de 15 meses de inhabilitación al considerar que actuaron "plenamente y perfectamente conscientes" de que desobedecían al juez.

En la segunda sesión de la vista oral, que se celebra en el juzgado penal 25 se Barcelona, han declarado seis testigos propuestos por las partes que han confirmado la tesis de la defensa, ya que han asegurado que el consistorio no permaneció abierto al público y tampoco se desarrolló ningún tipo de actividad administrativa a lo largo de la jornada.

No obstante, ello no ha sido suficiente para convencer al fiscal, que ha mantenido sus argumentos y ha decidido solicitar la misma pena pero rebajar la multa a algunos de los ediles, todos ellos integrantes equipo de la exalcalesa Dolors Sabater.

Ha acordado así solicitar 2.100 euros para José Téllez, 1.890 euros para Eulàlia Sabater y Francesc Duran y 1.260 euros para Fàtima Taleb, de Guanyem Badalona en Comú, mientras que ha mantenido los 4.200 euros para los concejales de ERC Agnès Rotger y Oriol Lladó, que ese día ejercía de alcalde en funciones.

Según el Ministerio Público, es de "claridad meridiana" que las dependencias del Ayuntamiento abrieron el 12-O y que "con el mero hecho" de prohibir la entrada de funcionarios al edificio no se daba cumplimiento al auto, que impedía abrir el consistorio al público o a trabajadores ante el "perjuicio irreparable" que supondría para el interés general o colectivo en el Día de la Hispanidad.

Para el fiscal, "todo el mundo sabía" que "se estaba desobedeciendo", de forma que los concejales "intentaron crear obstáculos de cara al juicio" con el fin de "eludir las consecuencias" que sabían que podrían tener sus actos.

"Lo que no podemos pretender es que la actuación artificiosa y de mera estética consistente en dejar un cartelito de cerrado o no abrir la puerta de par en par se ponga por encima del fondo de asunto", ha dicho para añadir que "la única diferencia entre ese día y uno normal es que los ciudadanos hacían cola en el exterior del edifico y no dentro".

Sin embargo, los dos agentes de la Guardia Urbana, el entonces jefe de asesoría jurídica del consistorio, Ricard Brotat, la directora de proyectos y relaciones institucionales del Ayuntamiento, Helena Ricoma, y dos ciudadanos han declarado que no se realizaron trámites administrativos el 12-O.

Han indicado también que el edificio no estaba abierto al público porque "no entraba nadie si no era acompañado por los concejales" y han aseverado que tampoco había ningún empleado público trabajando.

Durante su turno, la abogada de los concejales de Guanyem, Montse Salvador, ha denunciado la "judicialización de la política" y ha afirmado que actuaron "totalmente amparados por el derecho a reunión, expresión, manifestación y por la libertad ideológica, de expresión y de discurso político".

También el letrado Andreu Van den Eynde, en representación de Lladó y Rotger, ha sostenido que el 12-O "fue una concentración de rechazo político" y que "no había un mandato expreso y conciso que vinculara directamente la actuación" de los ediles, por lo que "no se les puede condenar por la forma cómo interpretaron el auto".

La causa contra los ediles fue reabierta por la Audiencia de Barcelona en mayo de 2017 al estimar un recurso de Fiscalía porque entendió que los concejales "desatendieron" un mandato judicial.

Sin embargo, ese mismo enero un juez la había archivado tras concluir que los concejales se limitaron a cometer una "escenificación" que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances".