Cuatro familias de Badalona viven acampadas en la calle desde hace tres meses

A principios de junio, cuatro familias de las que formaban parte cuatro menores y dos ancianos, se mudaron a la calle Ponent de Badalona. Su destino no era otro que la misma calle, a la sombra que podía arrojar el Pabellón Olímpico de la ciudad metropolitana, frente a un grupo de edificios vacíos y la Oficina de Habitatge de Badalona. 

Poco compartían esas cuatro familias al llegar a su nuevo destino. Sus orígenes son dispares, entre los que se encuentran Marruecos, Rumanía, Pakistán o la propia Barcelona. No comparten ingresos, creencias o empleos. Lo único que les unió fue el motivo por el que se vieron en la calle: Un desahucio abierto. Modalidad de esta orden legal en la que, si la el desalojo se ha conseguido paralizar, el juez puede interpretar la Ley de Arrendamientos Urbanos de manera que ya no es necesario volver a avisar a la familia para la próxima fecha de ejecución. El resultado es vivir con la inseguridad de que en cualquier momento las fuerzas policiales pueden echarte de tu casa. 

Montse lleva desde la primera noche de campamento junto a su marido. Ella y su familia fueron una de las pioneras en instalarse. “En Badalona o eres rico o eres pobre. No hay más.”

Tiene 53 años. Lleva desde el 2008 sin poder acceder a una vivienda propia. Ella y su marido fueron de los primeros en vivir la gran oleada de desahucios que acompañó al inició de la crisis económica. A día de hoy, y más de una década después, la deuda que contrajo con el banco de 130.000 euros los sigue persiguiendo como una losa de la que no pueden escapar. Sus cuentas están embargadas, es decir, cualquier ingreso a partir de los 900 euros se los lleva un fondo de inversión de Luxemburgo, actuales propietarios del piso. Además, esto les hace formar parte de una lista de morosos que les impide ser avales de ningún contrato. Su delito fue, y es, ser pobres. La condena consiste en afrontar que el sistema se niega a garantizar el derecho a una vivienda digna. 

Como una de las principales voces del campamento, Montse ha vivido de primera mano los tira y afloja que han mantenido con el Ayuntamiento. Desde el equipo de comunicación de la alcaldía, en la que lleva un año el socialista Álex Pastor, se afirma, simple y llanamente: “No tenemos pisos ni para ofrecer en alquiler ni como solución temporal. Hace años que no se construyen”. Las herramientas con las que cuentan para ayudar afectados son una pequeña dotación económica para financiar la posible entrada de un piso y el derecho a tanteo y retracto, mediante el cual están desarrollando la adquisición de 18 nuevas viviendas durante este año.

Según fuentes institucionales, la lista de espera de la Mesa de Emergencia de la Oficina de Habitatge de Badalona es de 150 personas. Al mismo tiempo, se ha dado fecha a 459 deshaucios durante el 2019. Aunque la mitad se han conseguido paralizar, las cifras no son esperanzadoras.

Esta realidad se escucha con recelo desde el campamento. En sus asambleas semanales, habitantes, vecinos, simpatizantes y activistas se reúnen para repasar la situación de las familias y a la vez, ofrecer apoyo moral que sigue disminuyendo a medida que avanzan las semanas. La organización Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) suele ejercer como portavoz y moderador en estas reuniones, a la que el ayuntamiento mira con desconfianza, denunciando que confunden y agitan a los acampados de manera premeditada. 

Las reuniones entre el gobierno municipal y los acampados, hasta la fecha, no han servido de nada. Desde el organismo civil achacan a la oposición que se use a las familias como arma arrojadiza contra el gobierno y aseguran que han intentado solucionar el conflicto, a pesar de verse desbordados por la situación. La teniente de alcalde, Aïda Llauradó, de Badalona en Comú Podem, se posicionó del lado de las familias en primera instancia, poco antes de las elecciones, cuando afirmó que no pactaría con nadie hasta alcanzar una solución. Dos meses y un pacto de gobierno con los socialistas después se muestra más templada a la hora de tratar al campamento. 

“Uno de los retos que tenemos es dar cobertura a todo el perfil de población que necesita una ayuda y que ahora mismo no cumple en Mesa de Emergencias porque hay unos requisitos concretos y tampoco tiene acceso a la vivienda del mercado privado ya que los precios son muy altos”, señala la también concejala de Servicios Sociales. “Esto es un problema que existe por todo el país.” 

En todo caso, asegura que el organismo público tampoco tiene la potestad total en cuanto a la vivienda en la ciudad. “El ayuntamiento está comprando vivienda pública, pero claro, quien tiene responsabilidades es la Generalitat. El consistorio está obligado a responder sobre la emergencia inminente, justo al perder la vivienda. Pero cuando la pierdes ahora, no cuando la pierdes hace un año. Si alguien está en emergencia dos años, ¿se sigue considerando una emergencia? Y esto no quiere decir que no sea una urgencia, quiere decir que no se está solucionando el problema de derecho de la vivienda que tiene la gente.”

Frente a esto, los acampados han denunciado que el ayuntamiento no ha tenido ni las ganas ni el valor de buscar una verdadera solución y que ha impuesto todo tipo de trabas burocráticas para entrar a la mencionada Mesa de Emergencia. Ante el miedo a que los servicios sociales puedan actuar a causa de los niños, estos pasan las noches con familiares.

Lo cierto es que la última reunión entre ambos grupos, en la que Montse se reunió con el alcalde y la teniente de alcalde, se saldó con una promesa de vivienda en Rubí para ella y su familia. No obstante, la alegría duró poco. Apenas dos días después, la propia inmobiliaria era la encargada de comunicarle como no podía acceder al piso a causa de su situación de morosidad.

 “Quieren que abandone, por eso me machacan. Quieren librarse de mí para que deje de molestar. Quieren que ocupe un piso a la fuerza para que puedan olvidarse de esto. Pero no lo voy a hacer. No les voy a dar la razón”, denuncia la mujer.

Ya han pasado las fiestas de Badalona y cuatro familias las han vivido en la calle. La última propuesta del ayuntamiento, un contrato menor para garantizar a los acampados una estancia de dos meses en pensiones, sigue sin confirmarse después de un mes de silencio. En los últimos días, han sufrido varios robos y un atraco a punta de navaja, pero el gobierno se rehusa en reunirse de nuevo con ellos.

Una solución definitiva se ve lejana, con un gobierno local maniatado al vacío de vivienda pública y las familias cada vez más agotadas. Entre debates, medidas y propuestas, Montse y los demás continúan, después de tres meses, en la sombra del Pabellón Olímpico, con las vistas de los bloques de pisos vacíos frente a sus tiendas.