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Petición urgente al Ayuntamiento de Badalona

Fiscalía investiga contratos de antenas de telefonía de la etapa García Albiol

Ha requerido al secretario del Ayuntamiento para que entregue expedientes administrativos, borradores y licencias

Las licencias de las antenas que emiten junto a la comisaría de la Guàrdia Urbana no llegaron a tramitarse nunca

Juan José Fernández

Antenas de telefonía instaladas sin contrato junto a la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona.

Antenas de telefonía instaladas sin contrato junto a la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona.

En el prólogo de la moción de censura en Badalona, la Fiscalía Provincial de Barcelona investiga cómo fueron colocadas las antenas de telefonía que se levantan en el Turó d’en Caritg, punto alto de la ciudad, junto a la comisaría de su Guàrdia Urbana.

Dos binomios de los Mossos se presentaron simultánea y discretamente este miércoles en el Ayuntamiento y en el terreno que comparten la comisaría y las antenas a recoger documentación. Los manda la fiscal Juana García.

En un oficio al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, dirigido al secretario municipal, Isidre Martí, y fechado el 16 de mayo, la fiscal exige "los contratos, borradores de contratos u otros documentos que hubieren sido redactados en relación a la explotación de servicios de telefonía en las instalaciones de la Guàrdia Urbana". Para evitar dilaciones, el requerimiento es extensivo a "cualesquiera terrenos de titularidad municipal ubicados en el Turó d’en Caritg".

Comisaría principal de la Guàrdia Urbana de Badalona, en el Turó d'en Caritg. Sobre el tejado, el poste de comunicaciones policiales por radio. / EL PERIÓDICO

Dos antenas de Vodafone y Movistar comparten el cerro con el poste de radio de la comisaría. La Fiscalía quiere "cuantos informes se hubieran emitido en relación a la autorización o legalización de aquella actividad" de emisión de señal de telefonía, así como los de las obras de instalación que se hicieron en 2012, gobernando Badalona el dirigente del PP Xavier García Albiol, y siendo concejal de seguridad uno de sus hombres de confianza, Miguel Jurado. El intendente de la Guàrdia Urbana era Antonio Piña, hoy jubilado. El ingeniero Tomás Vizcaíno gestionaba la empresa municipal que tramitó la instalación, Engestur.

Sin papeles

La fiscal no ha obtenido los contratos que pide: no existen. Las antenas están sin legalizar desde que, en 2012, el gobierno García Albiol proyectó que el Ayuntamiento, dejando a las operadoras de telefonía poner sus postes, captaría fondos para reformar la comisaría. Las antenas llevan seis años emitiendo sin que el consistorio haya recaudado un euro.

"Pregunte a Engestur por qué –responde a EL PERIÓDICO el concejal Jurado–. Nosotros dejamos los contratos redactados y preparados para firmarse en 2015, y con las compañías dispuestas a pagar la tasa y cambiar esas antenas, provisionales, por otras fijas en el tejado de la comisaría. Yo no sé por qué no los han firmado todavía".

Como si previera la no existencia de los contratos, el escrito de Fiscalía pide al secretario que los documentos sean "entregados en el acto a la dotación policial requiriente. Para el caso de no resultar ello posible, deberá elevarse acta por la Policía" para que el secretario "manifieste los motivos".

Quejas de los guardias

Estas no son las únicas antenas ilegales en Badalona. Según recuerda Jurado, "había bastantes" por la ciudad, "en Llefià, Sant Crist, Bufalá….". Esas antenas provocan disputas entre los vecinos que las tienen en la azotea –y cobran de las operadoras- y los de las casas de enfrente, que no cobran, pero temen a la radiación electromagnética.

El mismo temor reina entre los guardias de Badalona desde 2012. El Turó d’en Caritg es el punto donde se genera "la más alta radiación a niveles permitidos de toda Catalunya", dice una solicitud de retirada que el Sindicato de Funcionarios de Policía (SPF) dirigió a la actual alcaldesa, Dolors Sabater, el pasado 23 de abril. Las antenas, según el escrito, "llevan años de forma temporal, sin contrato y consumiendo de forma gratuita energía eléctrica".

La fiscalía ha pedido el "expediente administrativo en cuyo seno hubieran sido otorgadas licencias o autorizaciones ambientales". Los contratos que nunca se firmaron preveían una medición de radiación cada tres meses. El exconcejal Jurado asegura que, en su mandato, "no hubo ninguna alteración de la salud de los trabajadores, ni demostrada ni avisada".