La Unión Europea dio ayer un revolcón al sistema legal que regula los desahucios en España. Los efectos de la decisión están siendo todavía calibrados, pero como mínimo llevan a una primera consecuencia: todo el que actualmente esté inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria podrá pararlo temporalmente para que el juez estudie si hay cláusulas abusivas en su caso. En los próximos días miles de personas que se enfrentan a la amenaza de un desahucio podrán optar por esta vía, que, además, los jueces pueden ejercer de oficio. Lo que no supone que se vayan a acabar los desalojos: los que no partan de cláusulas abusivas seguirán adelante.
Como se esperaba, el Tribunal de la Unión Europea emitió ayer una sentencia que afirma de que el sistema español de desahucios -recogido en la ley de enjuiciamiento civil- vulnera el derecho europeo al incumplir una directiva comunitaria de protección del consumidor, la 93/13, que indica que las cláusulas abusivas no obligan al cliente.
El gran cambio que esto supone es, según Martí Batllori, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que hasta ahora la denuncia de cláusulas abusivas por parte de un afectado no detenía el proceso de ejecución. Ahora sí lo parará. La complejidad es considerable, y por ello unos 50 abogados de la PAH se reunirán mañana en Madrid para analizar con detenimiento los efectos de la sentencia.
«UNA PUERTA ENORME» / «Se abre una puerta enorme y habrá que ver qué entra», dice Batllori, que cree que quienes ya han perdido su vivienda, quienes han sido desahuciados, tendrán derecho a reclamar daños y perjuicios «si el proceso por el cual se les desahució era ilegal». Es una afirmación que también defiende el juez que ha abierto el camino a la sentencia al preguntar a la UE por un proceso de desahucio, José María Fernández Seijo. El juez opina que si se demuestran los perjuicios, cabe reclamar una compensación.
INDEMNIZACIÓN / Eso supondría incluso llegar a plantear la posibilidad de devolver el piso a un desahuciado, aunque lo más lógico es que en esos casos hubiera una compensación económica equivalente.
A partir de ahora, el juez estudiará los casos. Si no hay cláusulas abusivas, el proceso seguirá y habrá desahucio. Si las hay, explica Seijo, el juez buscará primero la mediación entre el cliente y el banco. Si no llegan a un acuerdo, el juez decidirá. Si en los casos de gente ya desahuciada se prevé que haya peticiones de compensación, en los de quienes conservan el piso la solución sería otra. En teoría, un juez que estudiara este caso y observara la existencia de cláusulas abusivas abogaría por replantear la deuda del cliente hasta dejarla donde debería en una relación de equilibrio con el banco.
Batllori subraya que el Gobierno no está obligado a cambiar la ley afectada por la sentencia, que no es la hipotecaria sino la de enjuiciamiento civil, la que regula la ejecución hipotecaria. Eso sí, dice, si no lo hiciera -ya ha dicho que lo hará- la situación quedaría en manos de los jueces, y cada uno de ellos, apelando a la sentencia de la UE, podría tomar una decisión distinta a la de sus colegas. Ello llevaría a un colapso de los juzgados y acarrería «inseguridad jurídica», dice Batllori.
De lo que la sentencia provocará a corto plazo cabe esperar un alud de peticiones de paralización de ejecuciones hipotecarias. Aunque la PAH pidió al Gobierno que paralizara inmediatamente los desahucios y los jueces están llamados a detener de oficio los procesos, los abogados de la plataforma pondrán este fin de semana herramientas legales a disposición de los afectados para que reclamen que su caso sea revisado.
LA DACIÓN / Esta sentencia, sin embargo, no afecta a la demanda de la PAH de la dación en pago retroactiva, el principal punto de la ILP que el grupo impulsó junto con sindicatos y otras entidades y que tramita el Congreso. Los otros dos puntos son la paralización de los desahucios y la promoción del alquiler social. Para los afectados por la hipoteca, la sentencia de la UE es un punto de inflexión, un reconocimiento a su lucha. De lo que ayer más destacaban es que ha tenido que ser Europa quien cuestione un sistema legal que fue avalado por el Tribunal Constitucional. Ayer se abrió una puerta a una nueva era en la relación entre bancos e hipotecados. Tuvo que ser Europa quien la abriera.
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