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cinco nuevos delitos

El Gobierno quiere prisión permanente para violadores de niños, en serie y ocultadores de cadáveres

El Gobierno dice que su cambio pretende responder a la "demanda social"

JUAN MANUEL PRATS

El Gobierno llevará al Congreso un anteproyecto de ley que propone ampliar la prisión permanente revisable a cinco supuestos más, incluyendo delitos como violaciones de niños o en serie y asesinatos con ocultación del cadáver como en el caso de Diana Quer, lo que permite al PP situarse al frente del movimiento lanzado por los padres de la joven gallega que ha sumado más de dos millones de firmas en favor del mantenimiento e incluso reforzamiento de esta discutida figura legal en el Código Penal. 

A los ocho supuestos introducidos en el Código Penal en el 2015, el Ejecutivo pretende sumar otros cinco: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos. En la actualidad ya está vigente para asesinatos especialmente graves (de menores de 16 años, tras una violación, en el marco de una organización criminal o en serie), homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. 

"Demanda social"

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado esta decisión porque existe "una demanda social". El ministro ha argumentado que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento. Català ha recordado que algunos países incluso contemplan esta pena contra los delitos de rebelión y sedición. Algo que, ha añadido, el Gobierno no se plantea. 

Demanda social al margen, el gesto pretende poner en un brete a las fuerzas políticas que, a pesar de que, según el Gobierno, entre el 70% y el 80% de la población la apoya, han cuestionado una medida de discutible encaje con el carácter de la pena de prisión reconocido por la Constitución en España (debe ser proporcional, no suponer un tratamiento inhumano, no prolongarse hasta la muerte del reo y estar dirigida a la reinserción). Tanto es así que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido al término del Consejo de Ministros que "no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices". Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha reclamado a PNV, PSOE y Podemos que "abandonen su idea de derogarla" y a Ciudadanos "que deje de dar tumbos". A lo que el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín ha respondido que esta medida es "inútil" y de un evidente "oportunismo político".

En la actualidad está en trámite en el Congreso una proposición de derogación presentada por el PNV y pendiente de resolución un recurso al Tribunal Constitucional que presentaron en su día PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto.

Rechazo del PSOE

La dirección del PSOE criticó este viernes que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solo se le "ocurra" endurecer el Código Penal para recuperar la iniciativa política. Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, explicó que la posición del PSOE "no ha cambiado" y defendió que los socialistas no hacen políticas "aprovechándonos de las circunstancias desgraciadas" de los ciudadanos.

La prisión permanente revisble establece que cumplida una parte de la condena que va de los 25 a los 35, el tribunal debe revisar de oficio cada dos años si el preso puede obtener la libertad condicional, en el caso de que haya garantías de no comisión de nuevos delitos. 

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