'El pisito' no es la más neorrealista de las películas que llevan el sello de Rafael Azcona dedicadas al endémico problema español de la vivienda en España, como así, a bote pronto, se podría suponer. Es cierto que en ella José Luis López Vázquez, de común acuerdo con su pareja, Mary Carrillo, se casa con su anciana casera confiado en que morirá pronto y heredará de este modo un hogar. Pues no. Hay otra película que ahonda más en esa cuestión. Es 'El verdugo', también con guion de Azcona, que no trata solo sobre la inhumanidad de la pena de muerte, sino también, de nuevo, sobre el acceso a la vivienda. ¡El protagonista se hace verdugo por un piso! Ya no se hacen películas así. Se convocan manifestaciones. Como la de este sábado, organizada en Barcelona por el Sindicat de Llogaters y respaldada por asociaciones vecinales y entidades como la PAH o 500x20.

Bajo el lema (entre otros) 'Barcelona no està en venda', unas 2.500 personas, según la Guardia Urbana, han salido a la calle para pedir alquileres dignos y asequibles. Pero también para protestar contra la especulación inmobiliaria, la explotación turística y la gentrificación. Muchas han acudido aglutinadas por barrios (Raval, Gòtic, Poble Sec, Sant Antoni, Vallcarca...), muy afectados todos por las indecentes subidas de la renta. Y también con sus hijos. 'Los niños tenemos derecho a una vivienda digna', rezaba algún cartel. La actual situación de la vivienda dibuja un futuro incierto y poco halagüeño para los más jóvenes.

"Pedimos la regulación de todo el mercado inmobiliario. No entendemos cómo se permite que los fondos compren pisos y nadie esté viviendo en ellos", se queja Joan de Raval No Resignat. Tiene cinco hijos; dos de ellos desean irse de casa de los padres, pero les resulta imposible. Otros manifestantes acuden a título personal, como Marisa, que lleva el siguiente cartel: 'Expulsada, pensionista i dona, 3 en 10'. "Soy pensionista, vivo sola y me echan del piso donde estoy alquilada en Sant Antoni porque se va a vender", explica. "Nadie me quiere alquilar porque cobro una pensión de 800 euros". Solución: mudarse a la casa de su hija.

La marcha visitó distintos puntos de la ciudad donde se encontraban los que para los manifestantes son los "responsables" de la jungla inmobiliaria en que se ha convertido Barcelona. Primero, una oficina de Barcelona Turisme. "Degradar la vida de los barrios es otra manera de echar fuera a la gente", explica Andrés, vecino de la calle de los Escudellers (Gòtic) que sabe bien qué es el turismo de borrachera y el ruido. La sede del Partit Demòcrata y la Delegación del Gobierno fueron otros de los lugares visitados y 'no hay pan para tanto chorizo' o 'estos de aquí enfrente desahucian a la gente' algunos de los gritos proferidos.

Orígenes

Que el acceso a la vivienda fuera un problemón en la Barcelona anterior al derribo de las murallas era pura ley de la física. La densidad era ya la que era. No vale la pena ir tan atrás en el tiempo. Basta con retroceder solo hasta 1957 para encontrar las raíces de la protesta de este sábado. Aquel año tomó posesión de la cartera ministerial de Vivienda un falangista de pro, José Luis Arrese, a quien se atribuye un lema (todo hay que reconocerlo) ingenioso: "Mejor propietarios que proletarios". Es decir, fomentó a tutiplén la propiedad en detrimento del alquiler. Hubo, es cierto, un cierto periodo de pax residencial. Fue a caballo de los setenta y los ochenta. Los jóvenes se emancipaban cuando les apetecía. El piso no solía ser el problema. Fue así hasta la ley Boyer, de 1985, que empequeñeció la herencia que había dejado Arrese, porque poco o mucho fomentó el rentismo, es decir, vivir del sueldo de los demás.

Los males actuales, de los que se quejan los convocantes de la manifestación, tienen su origen en la ley que con vehemencia defendió en el 2013 Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso, entonces ministra de Fomento. "Señorías, va a haber, sin duda, una mayor oferta de viviendas, una mayor capacidad de elección de los futuros arrendatarios y una disminución del precio", prometió Pastor como consecuencia indiscutible de la reducción de los contratos a solo tres años. Lo que son las cosas: el pasado miércoles Pastor recibió la mar de sonriente a Ada Colau cuando la alcaldesa visitó Madrid para exponer el sinsentido del mercado inmobiliario actual. Eso sí, la recibió. Ciudadanos y el PSOE no quisieron concederle ni 15 minutos.

"La primera medida debe ser derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Y la segunda, hacer valer el artículo 47 de la Constitución, que dice que el Estado debe proveer un acceso a la vivienda digna", certifica Enric, miembro del Sindicat de Llogaters. 

Los convocantes de la manifestación reclaman además más brío al Ayuntamiento de Barcelona a la hora de promover vivienda pública. Y esperan lo mismo de la Generalitat. Hace tres días anunció que sacará a subasta 47 inmuebles procedentes de herencias intestadas. Este sábado, durante el pleno de investidura, Sergi Sabrià (ERC) lanzó a los manifestantes un saludo desde el Parlament. Xavier Domènech (Catalunya En Comú) le paró los pies: no se puede estar con ellos y, al mismo tiempo, subastar pisos con inquilinos dentro.

Pero el nudo del problema no dudan los manifestantes que es legislativo y, por tanto, competencia de las Cortes Españolas. No está de más, pues, recordar un dato que a veces pasa inadvertido. Los 282 diputados y senadores del PP, o sea, el partido del Gobierno, suman, según su declaración de bienes, 590 pisos de propiedad. La media es superior a los dos por señoría. No es fácil empatizar así con las consecuencias de aquella ley que, se supone que no era un chiste, bautizaron como de fomento y flexibilización del alquiler.