El sistema de rentas mínimas en España, una cuestión de autonomía

Los cambios tecnológicos, la digitalización de la economía, las desigualdades y la brecha social, la precariedad laboral, el desempleo, los trabajadores pobres o la pobreza infantil. El panorama al que nos enfrentamos es retador.

En este marco, y durante los años de la crisis, aumentó la demanda de los programas autonómicos de ingresos mínimos, cuyo objetivo era luchar contra la pobreza y la exclusión.

El Estado de bienestar persigue ayudar a sus ciudadanos y, más en concreto, a evitar que caigan en la pobreza. Para ello existen los programas de rentas mínimas, que pretenden ayudar a quienes se encuentran en situaciones precarias para que puedan cumplir sus necesidades básicas, aportando prestaciones económicas y buscando al mismo tiempo como fin su reinserción laboral. 

A pesar de que España es un país con una estructura en el que el peso de la familia tradicionalmente ha sido relevante -lo que constituía unas redes que ayudaban a los miembros que se encontraban en riesgo de pobreza-, los cambios de organización familiar recientes -con divorcios, familias monoparentales, reducidas, etcétera- han hecho que estos apoyos se vean reducidos y, en algunos casos, se vuelvan inexistentes. 

SE TRIPLICAN LAS PRESTACIONES EN DIEZ AÑOS

Como consecuencia de la crisis y de este contexto, en 2017 se triplicó el número de titulares de estas prestaciones, pasando de 103.071 en 2007 a 313.291 diez años después. 

Sumando los 466.000 dependientes de estos titulares, el total de beneficiarios de estas prestaciones quedaría cerca de 780.000, según datos publicados en el número 29 de Panorama Social, revista editada por Funcas cuyo título es “Pobreza y rentas mínimas”, y que examina el alcance de este tipo de ayudas. 

DIVISIÓN TERRITORIAL

La diferencia destacada por la publicación de Funcas entre unos territorios nacionales y otros es sustancial. Existen 19 normativas distintas con diferentes denominaciones, pero no solo eso: el importe medio del Estado es de alrededor 450 euros al mes, siendo de 400 euros en la Comunidad Valenciana y de casi 700 euros en País Vasco. Una disparidad significativa. 

Según desprenden los datos de Funcas, el porcentaje de personas de Canarias y Andalucía con rentas por debajo del umbral de la pobreza es del 32%, superado por Extremadura y Ceuta, con un 38%. En el lado opuesto de la balanza se sitúan País Vasco y Navarra, por debajo del 10%. 

A pesar de estas tasas, la cuantía de las prestaciones no se corresponde con el porcentaje de pobreza en cada región. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades con la prestación más alta y, sin embargo, las tasas de personas en riesgo de pobreza son de las más bajas del país, lo contrario que ocurriría en Extremadura, donde las tasas de pobreza son más elevadas y las prestaciones más bajas. 

Pero no solo las cuantías son distintas dependiendo de la comunidad autónoma, sino que también lo son los requisitos para acceder a estas prestaciones o la duración para poder recibirlas, entre otras cuestiones.